El tribunal decide: el clima no espera

Por: Nitza Morán Trinidad

Las decisiones de los tribunales responden al derecho y al proceso que tienen ante su consideración, pero sus efectos no siempre marchan al mismo ritmo de las circunstancias que vivimos. Así ocurre con la reciente determinación judicial sobre el Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático. El Tribunal de Primera Instancia desestimó el recurso de mandamus presentado por varias organizaciones ambientales que buscaban obligar a la Cámara de Representantes a remitir el plan a la gobernadora para su consideración. La determinación concluyó que la Cámara no contó con tiempo razonable para evaluar adecuadamente el documento ni ponderar su impacto fiscal, luego de que el informe final fuera presentado al pleno apenas una hora y media antes de concluir los trabajos de la segunda sesión ordinaria del cuatrienio. La controversia, sin embargo, no termina con la decisión judicial. Todo lo contrario: abre nuevamente el espacio para una discusión que Puerto Rico no puede continuar postergando. Llevamos años hablando de cambio climático como una amenaza futura, cuando sus consecuencias forman parte de nuestra realidad. La reciente sequía, los episodios de calor extremo, la erosión costera y la vulnerabilidad de comunidades e infraestructura son ejemplos concretos de una realidad que exige acción. Necesitamos una política pública que no solamente reconozca estos riesgos, sino que establezca prioridades, responsabilidades, mecanismos de ejecución y los recursos necesarios para enfrentarlos. Y precisamente ahí está uno de los asuntos que requiere mayor claridad. El costo estimado para implantar las medidas contenidas en el plan asciende a unos $6,300 millones. Esa cifra no puede ser ignorada. Por el contrario, obliga a establecer de dónde provendrán los recursos, cuáles medidas tendrán prioridad, qué agencias serán responsables de ejecutarlas y en qué periodo deberán ponerse en marcha. Ese análisis fiscal no debe utilizarse como argumento para detener la acción, sino como parte indispensable de una política pública responsable. La Cámara de Representantes tiene ahora la oportunidad de retomar la discusión, convocar a los expertos y funcionarios pertinentes y trabajar junto al Senado y el Ejecutivo en la identificación de fuentes de financiamiento y mecanismos viables para ejecutar las medidas propuestas. El tribunal estableció un límite procesal. Corresponde ahora a las ramas políticas demostrar que pueden superar ese límite mediante la acción. Proteger el ambiente y promover el desarrollo económico no son objetivos opuestos. Una infraestructura más resiliente, comunidades mejor preparadas y una planificación que considere los riesgos climáticos también protegen empleos, inversión, propiedad y actividad económica. La discusión tampoco debe convertirse en una competencia sobre quién tuvo razón en el trámite legislativo. El verdadero reto es qué ocurrirá a partir de ahora. Mientras se debate quién recibió el informe, cuándo lo recibió o cuánto tiempo tuvo para evaluarlo, los ciudadanos ya hemos tenido que modificar nuestra cotidianidad ante condiciones que antes considerábamos excepcionales. Nos adaptamos al calor extremo, a periodos de sequía, a inundaciones más frecuentes y a costas que continúan transformándose. Lo extraordinario corre el riesgo de convertirse en normal. La decisión judicial crea una nueva oportunidad para actuar. Hay que aprovecharla. Porque el tribunal puede decidir sobre términos, procedimientos y obligaciones legales. El clima, en cambio, no conoce de sesiones legislativas, calendarios ni términos judiciales. Y no espera.

La autora es senadora por San Juan,

Aguas Buenas y Guaynabo