Por: Prof. Luis Dómenech Sepúlveda
El título y contenido de esta columna es de la total autoría del compañero, Lic. Adrián González Costa, Secretario de Organización Política del Partido Independentista Puertorriqueño. Cedemos gustosamente nuestro espacio semanal por el valor e importancia de sus planteamientos ante la reciente decisión del Juez Superior, Anthony Cuevas, descertificando del proceso electoral a varios candidatos y candidatas del Movimiento Victoria Ciudadana, incluyendo a tres legisladores incumbentes como la Senadora, Ana Irma Rivera Lassén, candidata a Comisionada Residente de la alianza PIP-MVC, la Representante Mariana Nogales y el Senador, Rafael Bernabe. Como es sabido, los apologistas del bipartidismo colonial han disidido formar un frente común para frenar el crecimiento vertiginoso de la alianza patriótica por una Patria Nueva que se proyecta como potencial ganador el próximo noviembre, y Citamos:
[Puerto Rico está viendo algo sin precedentes. Un tribunal acaba de retirar de la papeleta a más de una decena de candidatos y candidatas a distintas posiciones, entre ellas la más importante después de la candidatura de la gobernación. En su análisis, el tribunal revocó lo que fue la interpretación de ley de la propia Comisión Estatal de Elecciones, el ente regulador de los procesos electorales y que, a la fecha de la presentación de la demanda, no había hecho señalamiento alguno a los demandados. Todo lo contrario, validó la presentación de sus candidaturas sin requisito adicional que no fuera la celebración del método alterno correspondiente.
Ante la diversidad de interpretaciones sobre la Ley y el Reglamento, correspondía en el balance de intereses proteger los derechos de los electores. Al final, estos no pueden ser los responsables de los errores del ente electoral cuya creación es precisamente proteger sus derechos. Sin embargo, el tribunal actuó contrario a ese principio y recurrió a la medida más restrictiva: obviar las discrepancias de la propia Ley, las incongruencias entre la Ley y los Reglamentos, la acrtuación de la CEE, y sin más, despojó al electorado de tener más opciones el día de las elecciones.
Las intenciones de la presentación de este pleito son muy claras. Se trata de sacar ventaja electoral fuera del proceso electoral, acudiendo a los tribunales para alterar e influir indebidamente en el proceso. Por eso el precedente es tan peligroso. Se abrió la puerta para que partidos intervengan en procesos de otros partidos.
Si la intención detrás de ello es debilitar la alianza entre el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), fracasaron. Esa alianza no surgió de una orden judicial ni de la Ley. La alianza surgió del reclamo del país para poder contar con más opciones el día de las elecciones y hacer frente al binomio PNP-PPD. Por lo tanto, siendo un movimiento orgánico, no va a necesitar de validaciones gubernamentales. Su existencia es su propia validación. Ya el pueblo dio el primer paso en fomentar esa unión, el próximo gran paso será el triunfo de la alianza el próximo 5 de noviembre, porque el pueblo es quien decide.