Redacción Editorial Semana
El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, firmó la Orden Ejecutiva 2023- 039 que extiende la Declaración de Emergencia por Violencia de Género hasta el 31 de diciembre de 2024.
“La extensión tiene como objetivo salvaguardar la asignación de recursos fiscales en los presupuestos de las agencias y el ofrecimiento de servicios esenciales por parte de las agencias y las organizaciones no gubernamentales expertas, así como continuar desarrollando e implementado el sistema de recopilación de datos. Del mismo modo, se seguirán estableciendo alianzas con los gobiernos municipales para ampliar la red de servicios y apoyo a personas en situaciones de violencia de género”, indicó.
“Igualmente, se continuarán concretando acuerdos de colaboración entre los municipios y el Centro de Operaciones y Procesamiento de Órdenes de Protección (COPOP) -adscrito a la Unidad de Violencia de Género y Asuntos Juveniles del Negociado de la Policía- integrando a las policías municipales en el sistema de trabajo diseñado para la atención y diligenciamiento de las órdenes de protección y el patrullaje preventivo, como parte del plan de trabajo, objetivos y metas del COPOP”, indicó.
La Orden Ejecutiva establece continuará ampliando las herramientas para el manejo, procesamiento y la atención de las órdenes de protección, en colaboración con el Poder Judicial, las agencias y las organizaciones no gubernamentales. Además, se adiestrará y capacitará continuamente al personal público sobre los protocolos adoptados para la atender y manejar toda manifestación de violencia de género.
Las campañas de prevención y educación contra la violencia tendrán continuidad. Se revisarán y establecerán programas efectivos para la rehabilitación dirigida a romper el ciclo de la violencia de género. Se continuará brindando el currículo de equidad y respeto entre eres humanos en las escuelas del sistema público de enseñanza. También, desarrollar planes y programas necesarios entre agencias y organizaciones no gubernamentales para atender y apoyar víctimas secundarias de violencia de género, sobre todo menores.
Desde que el Gobernador decretó el estado de emergencia en 2021, se adoptó legislación puntual, desarrollaron protocolos e implementaron medidas e iniciativas concretas contra la violencia de género. Entre éstas, la creación del COPOP y establecer un sistema de recopilación y manejo de datos estadísticos sobre casos de feminicidio, por parte del Instituto de Estadísticas, en conjunto con el Negociado de la Policía, el Departamento de Salud y el Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico.
Entre la legislación aprobada, se destaca la Ley 32-2021 que requiere que en toda vista para determinar causa probable en delitos relacionados con la violencia de género, esté presente un representante del ministerio público, junto a un intercesor de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres. Igualmente, como parte de la Ley 74-2023, se incorporó la violencia económica como modalidad de violencia doméstica.
Se implementaron cursos obligatorios sobre violencia de género dirigidos a fiscales, procuradores de menores y de familia, técnicos de asistencia social a víctimas y testigos del Departamento de Justicia. Se expandieron unidades especializadas a las 13 fiscalías de distrito reclutando 48 fiscales y personal de apoyo para investigar y procesar salones de entrevistas para víctimas sobrevivientes en Fiscalías de Distrito.