Jennifer y su administración en sequía

Por: José “Conny” Varela

Puerto Rico atraviesa una doble emergencia: la falta de agua en nuestros pueblos y la falta de honestidad en la Fortaleza. Ambas son responsabilidad directa de una administración que ha demostrado, una y otra vez, que administrar no es lo suyo.

Esta semana el gobierno se vio obligado a declarar estado de emergencia en Río Grande y Canóvanas ante el inicio de un racionamiento programado de agua potable, producto de la sequía que azota la zona este. Se activó la Guardia Nacional para repartir agua a comunidades sedientas. Y aquí cabe preguntar: ¿por qué, año tras año, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados llega tarde a estas crisis? 

La sequía no es un fenómeno nuevo ni sorpresivo. Es predecible, se puede planificar. Pero esta administración prefiere reaccionar con la Guardia Nacional en lugar de invertir con tiempo en la infraestructura hídrica que llevamos décadas reclamando. Mientras las familias de Río Grande y Canóvanas cargan cubos de agua, en La Fortaleza se gastan energías defendiendo a funcionarios señalados de corrupción, no arreglando tuberías.

Y hablando de funcionarios señalados, el otro escándalo de la semana confirma el patrón: mientras el pueblo sufre por falta de agua, adentro del gobierno corre un río de acusaciones de corrupción que nadie quiere frenar.

El exsecretario del DDEC, Sebastián Negrón Reichard, entregó una declaración jurada al presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, en la que reitera un supuesto patrón de irregularidades e influencia indebida por parte del secretario de la Gobernación, Francisco Domenech. Las imputaciones son serias: manejos cuestionables en torno al decreto contributivo de la empresa Politank, y gestiones para beneficiar el salario de su esposa, quien dirige la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones. Domenech lo niega todo, como es de esperarse. Pero las palabras no bastan cuando el propio Rivera Schatz —de su mismo partido— consideró la denuncia lo suficientemente grave como para referirla a las autoridades investigativas y éticas. Tampoco es casualidad que el DDEC le impusiera una multa de $80,000 a Politank por incumplimiento, como si la propia agencia reconociera que algo anda mal.

Este es el verdadero rostro de la administración de Jenniffer González: funcionarios que se pelean entre sí por el control del erario, mientras el pueblo se pelea por un galón de agua. Es un gobierno donde el patio de La Fortaleza arde en escándalos de influencias y favores, y donde la gobernadora guarda silencio o protege a los suyos en lugar de exigir responsabilidad.

Los puertorriqueños exigen un gobierno que invierta en resolver los problemas reales —como la sequía y la infraestructura de agua— antes de que se conviertan en emergencias. También requieren de los  funcionarios públicos que respondan por sus actos, no que se escuden en el poder de quien, en complicidad, los nombró. Mientras la gobernadora mira para otro lado, la confianza del pueblo, como el agua en los embalses del este, sigue bajando peligrosamente.

El autor es representante por Caguas

en la Cámara de Representantes