La crisis que Jennifferno quiere admitir

Por: José “Conny” Varela

En Puerto Rico se habla mucho de “crisis”, pero pocas veces se reconoce una con la crudeza que merece. El maltrato infantil, lejos de ser un problema aislado o circunstancial, se ha convertido en una emergencia social sostenida. Las cifras, los casos que estremecen al país y los testimonios de trabajadores sociales apuntan a una misma conclusión: sí existe una crisis, y negarlo solo profundiza el daño. Sin embargo, lo más alarmante no es la magnitud del problema, sino la incapacidad —o falta de voluntad— del gobierno de Jenniffer González para enfrentarlo con la seriedad que exige.

Durante años, el Departamento de la Familia ha sido señalado por fallas estructurales: falta de personal, protocolos inconsistentes, investigaciones incompletas y un historial de intervenciones tardías que han terminado en tragedias. Nada de esto es nuevo. Nada de esto tomó por sorpresa a la administración actual. Por eso resulta aún más preocupante que, pese a la evidencia acumulada, no exista un plan articulado para manejar la crisis. Lo que hay, en cambio, es una colección de reacciones improvisadas, comunicados defensivos y una narrativa oficial que insiste en minimizar el problema.

La secretaria de la Familia ha repetido que “no hay crisis”, una afirmación que contrasta con la realidad que viven los menores, los trabajadores sociales y las comunidades. Cuando un gobierno niega lo evidente, no solo falla en su deber; también envía un mensaje peligroso: que la protección de la niñez puede esperar, que la indignación pública es exagerada, que la responsabilidad es difusa. Esa postura, lejos de ser neutral, es parte significativa de la crisis.

La administración González ha tenido la oportunidad —y la obligación— de corregir el rumbo. Pudo haber presentado un plan de emergencia, reforzado el reclutamiento de personal, revisado los protocolos de intervención, aumentado la supervisión o transparentado las estadísticas. En lugar de eso, ha optado por la negación y la inercia. El resultado es un sistema que sigue fallando en lo esencial: proteger a quienes no pueden protegerse por sí mismos.

Lo más doloroso es que esta situación era previsible. Las auditorías federales, los informes legislativos y las denuncias de organizaciones sin fines de lucro llevan años advirtiendo sobre las mismas deficiencias. Ignorar esas alertas no es un descuido; es una decisión. Y cuando las decisiones gubernamentales contribuyen a perpetuar el riesgo para miles de menores, la negligencia deja de ser un concepto abstracto y se convierte en una realidad palpable, en negligencia inaceptable.

Puerto Rico no puede permitirse un gobierno que mire hacia otro lado mientras su niñez sufre. Reconocer la crisis es el primer paso. Atenderla con un plan real, medible y urgente es el mínimo que el país merece. Mientras eso no ocurra, la administración González seguirá siendo parte del problema, no de la solución.

El autor es representante por Caguas

en la Cámara de Representantes