Por: Prof. Luis Dómenech Sepúlveda
(Cedemos nuestro espacio esta semana al Lcdo. Raúl Tirado, hijo)
Ante los ruegos de Alejandro García Padilla y Pedro Pierluisi Urrutia, entonces gobernador y comisionado residente del ELA, el 30 de junio de 2016, el presidente Barack Obama firmó la Ley Promesa que trata de asuntos medulares: 1) Una ley de quiebra especial para el gobierno de Puerto Rico al ser excluido de la protección de la ley de quiebra federal; 2) La creación de un tribunal de quiebra especial para la Isla; 3) La creación de una Junta para representar al gobierno ante dicho tribunal frente a los acreedores y enderezaría las finanzas del gobierno mediante planes de ajuste de la deuda y, 4) Las condiciones que debe reunir el gobierno colonial para que la Junta cese sus funciones.
Las personas elegidas por los puertorriqueños (Ricardo Rosselló, Wanda Vázquez y Pedro Pierluisi, este último abogado de la Junta antes de su elección), han lidiado con el organismo colonial. Pero también las Cámaras Legislativas. Y todos se han plegado a sus designios bajo el argumento de que el gobierno tiene que pagar la deuda de $72 mil millones provocada por rojos y azules y, cuya validez legal, ha sido cuestionada desde el primer día por diversos sectores. Nadie pidió una auditoría. Cabe añadir las decisiones de las instancias judiciales estadounidenses confirmando las actuaciones del organismo colonial sobre asuntos medulares que atañen a nuestra propia existencia como pueblo: 1) Sus miembros no tienen que ser confirmados por el Senado federal porque su encomienda es sobre asuntos locales; 2) La Junta no tiene que compartir información sobre las negociaciones con los acreedores porque tienen inmunidad soberana y 3) Reconocieron la capacidad legal de invalidar las reformas a la Ley Laboral de la empresa privada. Esto último, confirma la condición colonial y la ineptitud del ejecutivo y legislativo de enfrentarla porque no presentaron evidencia de que los cambios propuestos no afectaban los ingresos del fisco destinados al pago de la deuda por las próximas tres décadas.
Desde esa óptica, los procónsules, muchos de los cuales son puertorriqueños de la diaspora, se han encaminado a vacar la Ley 10-2024, que tiene la finalidad de garantizar a los sobre 100 mil usuarios del servicio energético privatizado que operan LUMA y GENERA con su expreso aval, mantengan el beneficio del crédito por la energía limpia que producen bajo el equivocado criterio de que se discrimina contra los usuarios tradicionales. A esos fines, plantean que el programa de medición neta atenta contra las funciones del Negociado de Energía que, en materia de tarifas, tiene la ultima palabra. Lo que esta detrás de la movida es otra cosa: incidir sobre la soberanía energética que le brinda a la gente y las comunidades el programa lo que incide, a su vez, sobre las finanzas de los privatizadores y el repago a los acreedores de la AEE. Tenemos que estar alertas a la situación y exigirle a los legisladores y al ejecutivo firmeza, la que no han mostrado al presente.