La ley de Cabotaje: carga que no se justifica.

Por: Nitza Morán Trinidad

La condición geográfica y territorial de Puerto Rico ha sido históricamente un factor determinante en su desarrollo económico. Sin embargo, lejos de convertirse en una ventaja estratégica, ha estado condicionada por decisiones políticas externas que limitan su capacidad de insertarse plenamente en el comercio internacional. Uno de los ejemplos más claros es la Ley de Cabotaje, conocida como la Ley Jones. 

Esta legislación establece que toda mercancía transportada entre puertos de Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico, debe realizarse en embarcaciones construidas, operadas y tripuladas por ciudadanos estadounidenses. En la práctica, esto reduce la competitividad y encarece los costos de transporte marítimo, lo que termina reflejándose en precios más altos para el consumidor. 

En medio del contexto global actual, la discusión sobre la flexibilización de esta ley ha vuelto a cobrar relevancia, incluso con propuestas impulsadas desde sectores del gobierno federal. Aunque no es un debate nuevo, sí es uno urgente. Puerto Rico depende casi en su totalidad del transporte marítimo para recibir alimentos, medicamentos, combustibles y otros productos esenciales. Lo más preocupante no es únicamente la existencia de la ley, sino su aplicación selectiva. 

Cada vez que ocurre una emergencia, se autoriza una suspensión temporal, reconociendo implícitamente que la ley limita la eficiencia y encarece la recuperación. La pregunta entonces es inevitable: si en momentos de crisis se flexibiliza la ley para facilitar el acceso y reducir costos, ¿por qué no evaluar su revisión estructural de forma permanente? 

A primera vista, una flexibilización o reforma podría representar un alivio significativo en términos económicos y logísticos, contribuyendo a una mayor sostenibilidad para la isla. Sin embargo, los defensores de la ley argumentan que esta protege la industria marítima estadounidense y fortalece la seguridad nacional. Ambos argumentos merecen análisis, pero también deben contrastarse con la realidad que enfrenta Puerto Rico. 

La protección de una industria no puede traducirse en una carga desproporcionada para millones de ciudadanos que enfrentan costos de vida elevados como resultado de decisiones externas. Asimismo, la seguridad nacional puede y debe fortalecerse mediante estrategias más modernas y eficientes, sin que ello implique limitar el acceso a alternativas más competitivas que beneficien directamente a la población. El reclamo de Puerto Rico debe centrarse en la equidad. No es razonable que se nos trate de manera distinta en la aplicación de políticas que impactan directamente la economía y la calidad de vida. 

Si existen excepciones en momentos de emergencia, entonces es válido cuestionar por qué no se establecen mecanismos más justos y permanentes. En definitiva, las suspensiones temporales pueden parecer soluciones convenientes, pero no atienden el problema de fondo. Puerto Rico necesita una política pública clara y permanente sobre este tema. Porque al final, la isla no puede seguir cargando con un peso que no se justifica.

La autora es senadora por San Juan,

Aguas Buenas y Guaynabo