La reforma de permisosde Jenniffer.

Por: José “Conny” Varela

La radicación del nuevo proyecto de reforma de permisos por parte de la administración de Jenniffer González vuelve a exhibir un patrón que ya muchos en el país reconocen: gobernar desde el hermetismo, sin procesos amplios de consulta y sin la menor intención de construir consensos reales. Puerto Rico lleva más de una década atrapado en un sistema de permisos disfuncional, costoso y desconectado de las necesidades del desarrollo sostenible. Sin embargo, lejos de convocar a los sectores técnicos, ambientales, profesionales y comunitarios para diseñar una reforma integral, el gobierno optó por presentar una propuesta elaborada a puertas cerradas, como si la participación democrática fuera un mero trámite y no un requisito indispensable para transformar un sistema tan neurálgico como lo es el sistema de permisos.

La administración de Jenniffer no ha demostrado, hasta ahora, un compromiso genuino con la protección del ambiente ni con la conservación responsable de los recursos naturales. Esa trayectoria pesa, y pesa mucho, cuando se analiza cualquier intento de reformar el andamiaje de permisos. Porque una reforma de permisos no es un ejercicio burocrático; es una decisión de país que define qué se construye, dónde se construye y bajo qué estándares se protege —o se sacrifica— el patrimonio natural y cultural. En manos de un gobierno sin credenciales ambientales, la preocupación pública es más que razonable.

Todos coincidimos en que Puerto Rico necesita una reforma profunda del sistema de permisos. Nadie defiende el caos actual, ni la lentitud, ni la opacidad, ni los costos excesivos que afectan tanto a ciudadanos como a pequeños y medianos negocios. También existe consenso en que la reforma debe modernizar procesos, integrar tecnología, reducir trámites innecesarios y garantizar que el desarrollo económico sea compatible con la protección de los recursos naturales y del patrimonio edificado. Pero precisamente por eso, por la importancia de este tema, es inaceptable que el gobierno pretenda empujar su propuesta con trámite acelerado.

Una reforma de permisos que nazca sin transparencia está destinada a reproducir los mismos vicios que dice querer corregir. Y una reforma impulsada por un gobierno que no ha priorizado la conservación ambiental despierta dudas legítimas sobre sus verdaderas intenciones. Puerto Rico exige un proceso abierto, riguroso y honesto. Lo que ha recibido de la gobernadora, en cambio, ha sido otro proyecto cocinado en silencio, presentado como solución mágica y que despierta dudas de a quién realmente viene a servir. 

La reforma de permisos es urgente, sí. Pero también debe ser responsable, participativa y alineada con el bienestar colectivo. Lo que está en juego no es un trámite administrativo: es el futuro del país que queremos construir.

El autor es representante por Caguas

en la Cámara de Representantes