Maduro o Verde

Por: Nitza Morán Trinidad

La confirmación de la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, marca un punto de inflexión en la prolongada crisis venezolana y en la política pública hemisférica frente a regímenes que, amparados en el poder, han operado durante años al margen de la ley. Para Estados Unidos, esta acción representa algo más que un golpe político: es una afirmación clara de que la impunidad no es eterna. Durante décadas, el gobierno de Maduro fue señalado por organizaciones internacionales y entidades judiciales por presuntos vínculos con el narcotráfico, corrupción sistemática, represión política y graves violaciones a los derechos humanos. Las sanciones y los esfuerzos multilaterales resultaron insuficientes para frenar una estructura de poder que se consolidó precisamente gracias a su capacidad de evadir consecuencias reales. Ninguna de las acciones emprendidas por Washington fueron improvisadas. Por el contrario, fue el resultado de un proceso que se fue gestando con el tiempo, como un fruto verde que maduró durante años. Desde el 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos observaba de cerca las acciones del mandatario venezolano, lo que culminó en la imputación de cargos por conspiración de narcoterrorismo. Posteriormente, en el 2024, en las elecciones en Venezuela se vieron empañadas por señalamientos creíbles de fraude electoral, en los que se alegó y documentó que el verdadero ganador había sido Edmundo González. En un movimiento estratégico que reforzó el cerco internacional, en el 2025 la administración del presidente Donald Trump incluyó al Cartel de los Soles en la lista de organizaciones terroristas globales, lo que dio paso al despliegue de buques, aeronaves y personal militar en el Caribe, incluyendo a Puerto Rico como punto estratégico. A esto se le sumó el anuncio de que la Fiscalía General de Estados Unidos ofrecia una recompensa de 50 millones de dólares por información que condujera a la detención del presidente venezolano. Estas acciones fueron subestimadas por Nicolás Maduro, aun cuando ya se habían producido ataques a decenas de embarcaciones vinculadas al contrabando, bloqueos a petroleros y operaciones contra infraestructura clave del régimen. La estrategia, desarrollada durante años mediante investigaciones encubiertas de agencias federales como la CIA, apuntaba a un desenlace que ya había sido anticipado públicamente: que los días del régimen estaban contados. La expresión “Maduro o verde” dejó de ser una frase coloquial para convertirse en una advertencia regional, una demostración de que cuando el poder decide actuar, las palabras se transforman en hechos. Líderes mundiales, analistas y figuras políticas han reaccionado a favor y en contra de la intervención estadounidense. Sin embargo, resulta llamativo que, mientras todo esto ocurría, gran parte de la comunidad internacional mantenía una postura de indiferencia frente al sufrimiento del pueblo venezolano. Los cargos que enfrenta Maduro por conspiración de narcoterrorismo, tráfico de drogas y armas, no son señalamientos livianos que puedan descartarse con análisis políticos simplistas. Son acusaciones de alcance internacional que reflejan un problema real y persistente en la lucha contra el crimen transnacional. Ahora corresponde respetar los procesos judiciales que se inicien y, más importante aún, asumir el reto que representa la reconstrucción institucional de Venezuela. La caída de un hombre no garantiza la transformación de un sistema. El verdadero desafío será que surja un gobierno con la capacidad y la voluntad de convertir un régimen colapsado en una democracia funcional, estable y respetuosa del estado de derecho que merecen todos los hermanos venezolanos.

La autora es senadora por San Juan,

Aguas Buenas y Guaynabo