Orden y seguridad

Por: Lilliam Maldonado Cordero

El debate -que nunca debió existir- sobre si vehículos no diseñados para transitar por las carreteras deben recibir permisos para hacerlo, así como condonar que motoras realicen corridas por nuestras vías, en lugar de haber llegado a un punto final, continúa recibiendo foro.

Esto no trata de impedir que motociclistas con vehículos certificados por el estado los utilicen de forma responsable para trabajar o divertirse. Se trata de que todo el mundo se ciña por las leyes y los reglamentos aplicables para una sana convivencia. El populismo y la impunidad no pueden convertirse en instrumentos para privilegiar a quienes aspiran poseer derechos por encima de quienes cumplimos con las leyes.

A pesar de las prohibiciones existentes, ahora quieren abrirse foros y crear comités de trabajo pagados con fondos públicos para ver de qué manera puede ampliarse el marco legal buscando justificar ser más permisivos. Recordemos que entre los propósitos principales del gobierno se encuentran la creación y aplicación de las leyes y la administración de los recursos públicos, promover el dinamismo económico, establecer un marco dirigido a la sana y ordenada convivencia social, y ser garante de seguridad y bienestar para los ciudadanos. La pregunta más relevante es: ¿Qué ganamos con otorgar estos permisos o autorizar, por virtud de ley, las corridas ilegales? Absolutamente nada o, lo peor, se añaden problemas y, con esto, más gastos públicos.

Preocupa que mientras nuestros policías se esfuerzan en hacer cumplir las leyes, se envíen públicamente mensajes mixtos y contradictorios que parecieran promover el desorden. El colmo es que personajes con evidente indiferencia a la autoridad y las leyes atenten contra los agentes y la oficialidad del País, incluyendo poner el peligro la vida e integridad física de estos, pues hemos podido observar encontronazos recientes por parte de los protagonistas de estas corridas. Desautorizar a nuestros policías mientras ejercen sus facultades y deberes con pronunciamientos tibios sugiriendo con anuencia la expectativa de recibir privilegios inmerecidos, hasta peligrosos, es un ejercicio que atenta contra el principio más fundamental que da vida y razón al gobierno.

Aparte de la amenaza a la seguridad y el orden por la reticencia de no ceñirse a las leyes y la autoridad de unos pocos, no se puede obviar el costo económico que representan estas violaciones al componente social. Son decenas los accidentes que cada mes terminan siendo atendidos en nuestros principales centros hospitalarios y de trauma. De acuerdo con peritos en la materia, el tratamiento de un accidente en esos vehículos excede los $50,000 y puede rebasar fácilmente los $250,000 por incidente. Si el trauma es complicado o afecta la capacidad de movimiento y autosuficiencia de quien lo sufre, el costo es millonario, sin contar con la angustia y la afectación del accidentado y su entorno familiar. Aparte de la tragedia, visto pragmáticamente, estos accidentes terminan siendo pagados por esa figura llamada gobierno, que en realidad somos nosotros, con nuestros impuestos, réditos y contribuciones.

En lugar de enfocarse en continuar añadiendo cortapisas para dar espacio a la permisividad, restándole autoridad a nuestros policías en el ejercicio de sus deberes, nuestros líderes deben demostrar su empeño y compromiso en reparar las carreteras, garantizar una mejor y sana convivencia ciudadana, proveer un mejor entorno educativo para nuestros niños y jóvenes, y prepararse para enfrentar serias limitaciones fiscales y presupuestarias que afectarán nuestra capacidad de ofrecer servicios médicos a los ciudadanos y cuidado especializado para nuestros viejos.