Por: Jesús Santa Rodríguez
El Censo de 2020 reveló que Puerto Rico pierde población de forma consistente desde principios del milenio. La merma poblacional tiene un impacto adverso sobre la economía, reduciendo el sector productivo que aporta contribuciones al estado, achicando la base de consumidores de bienes y servicios en pequeñas y medianas empresas, y menoscabando parte del relevo generacional en las áreas de trabajo y recurso humano.
Desde 2006, que inició la depresión económica en Puerto Rico, muchos economistas y analistas alertaron sobre la fuga de cerebros o ‘brain drain’ a otras jurisdicciones de EE.UU. Como resultado tenemos muchos puertorriqueños y puertorriqueñas destacándos en áreas como el empresarismo, la academia, deportes, y hasta en la industria aeroespacial fuera el País. Entretanto, solo el 17.5% de nuestra población tiene menos de 18 años. Nuestra Patria envejece.
Nos toca a los creadores de política pública desarrollar propuestas ejecutables para estimular el desarrollo económico y mejorar las condiciones de vida de la gente, para que Puerto Rico sea en un hogar hospitalario para quienes vivimos aquí y un destino hábil para que regresen aquellos que deseen desarrollar su proyecto de vida.
Desde que la mayoría legislativa actual asumió la dirección de la Cámara, hemos propuesto y aprobado medidas que redundarían en el mejoramiento de la calidad de vida. El Plan de Ajuste de Deuda ofrece certidumbre en cuanto a los pagos de deuda que realizaremos los próximos años; el aumento del salario mínimo permitirá a decenas de miles de trabajadores aumentar su poder adquisitivo; los fondos asignados a la UPR abrirán la posibilidad para que miles de estudiantes no tengan que pagar más por sus estudios universitarios; mientras, el crédito por trabajo aumentará el ingreso disponible de las familias en 2022.
La próxima agenda legislativa será una de estabilización fiscal en busca de consolidar la recuperación económica. El primer trimestre del año estaremos enmendando el presupuesto para incluir el pago de deuda y convertirlo en el primer presupuesto balanceado que cumple con el criterio para la salida de la Junta de Supervisión Fiscal. Además, comenzaremos la evaluación del Presupuesto General para el año fiscal 2022-2023. También propondremos la aprobación, a nivel federal, de mecanismos de apoyo a la inversión manufacturera en Puerto Rico. Durante el cuatrienio 2013-2016 logramos atraer empresas globales, como Lufthansa y HoneyWell. Con apoyo de un incentivo federal podríamos multiplicar exponencialmente esa inversión. Asimismo, mejorar la captación del IVU -que es pagado por muchos consumidores y nunca a las arcas públicas-, constituirá un mecanismo de respaldo fiscal para suplir servicios esenciales al pueblo.
Finalmente, nos toca trabajar una reforma contributiva dirigida a la reducción de la carga tributaria del sector productivo. Reducir el gravamen sobre la productividad será el mecanismo fiscal que utilizaremos para promover el trabajo y aumentar el ingreso familiar disponible, haciendo justicia a los que han cargado históricamente con el peso de sostener toda la estructura del gobierno: los trabajadores, profesionales, comerciantes y empresarios puertorriqueños.