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Presupuesto.

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    Editorial Semana
  • hace 11 horas
  • 2 min de lectura
Por: Nitza Morán Trinidad
Por: Nitza Morán Trinidad

El mensaje presupuestario de la gobernadora Jenniffer González Colón, como tantos otros a través de la historia gubernamental, sirve de radiografía del estado financiero de la administración pública: dónde estamos, cuáles son los balances actuales y la proyección presupuestaria que se plantea para el futuro inmediato. 


Mirando de cerca lo que a mi juicio representa el tema medular, el desarrollo económico—resulta evidente que sin crecimiento, inversión e inyección de capital a la economía, cualquier intento de ejecutar política pública con fondos ordinarios sería insuficiente. Por décadas, gran parte del funcionamiento gubernamental ha dependido de fondos federales para complementar la capacidad operacional de las agencias e  impulsar la agenda administrativa de turno. En ese contexto, el desarrollo económico estuvo presente de forma transversal en gran parte del mensaje, proyectando una administración enfocada en resultados medibles, inversión privada, simplificación gubernamental y eficiencia administrativa como mecanismo para generar crecimiento y estabilidad. 


Más allá del discurso político, se presentaron cifras concretas que buscan sostener esa narrativa: $2,600 millones en inversión comprometida, una tasa de desempleo de 5.6% descrita como una de las más bajas sostenidas en nuestra historia moderna, y más de 7 millones de visitantes en 2025, reflejando el crecimiento del sector turístico y una actividad económica medible. Sin embargo, un tema debió abordarse con mayor claridad para contextualizar esas buenas noticias es la inflación. Puerto Rico, al igual que el resto de la nación americana, sigue enfrentando presiones inflacionarias que impactan directamente el costo de alimentos, energía, transportación y productos esenciales. Esa realidad erosiona el poder adquisitivo de las familias y limita la percepción positiva que puedan generar indicadores macroeconómicos favorables. 


Uno de los ejes principales del mensaje fue el esfuerzo por posicionar a Puerto Rico como un centro estratégico de inversión y turismo en el Caribe. La gobernadora destacó expansiones de líneas de cruceros como Royal Caribbean y Carnival, proyectando impactos económicos combinados superiores a $90 millones en los próximos años. Asimismo, defendió la reforma al sistema de permisos mediante un nuevo Código de Planificación y Permisos, con la promesa de reducir burocracia y ofrecer mayor certeza jurídica a inversionistas y desarrolladores, un elemento esencial para dinamizar la economía. Se destacó además la habilitación de $1.4 mil millones bajo el programa de Zonas de Oportunidad, así como más de $1.2 billones en financiamiento empresarial acumulado durante 40 años, con impacto proyectado en cerca de 69,600 empleos. No obstante,más allá de cifras o estadísticas alentadoras, el verdadero desafío consiste en lograr que esos indicadores se traduzcan en bienestar tangible para la ciudadanía. 


La percepción pública continúa marcada por el alto costo de vida, el precio de la energía, la emigración de profesionales y la desigualdad económica. El gobierno apuesta a que la inversión, el turismo y la agilización administrativa impulsen movimiento económico sostenido, pero persiste la interrogante de si ese crecimiento llegará con igual fuerza a la clase trabajadora, a los pequeños comerciantes y a las comunidades fuera del área metropolitana. El mensaje deja claro que esta administración busca posicionar el desarrollo económico como su principal carta de presentación. Ahora corresponde demostrar que las promesas de inversión, empleo y eficiencia no serán simplemente cifras para un mensaje televisado, sino pilares reales de una transformación económica duradera para Puerto Rico.

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