Que se investigue la compra de votos con drogas en las cárceles.

Por: José “Conny” Varela

La denuncia publicada por ProPublica sobre un presunto esquema de compra de votos en las cárceles de Puerto Rico —mediante la entrega de drogas a confinados para favorecer al Partido Nuevo Progresista en las elecciones pasadas— constituye una afrenta directa a los cimientos de nuestra democracia. No se trata de un mero escándalo político más, ni de un episodio aislado que pueda archivarse bajo el expediente del sensacionalismo mediático. Estamos ante alegaciones que, de confirmarse, describen un patrón de corrupción electoral tan burdo como peligroso, capaz de erosionar la confianza pública en el proceso más sagrado de cualquier sociedad democrática: el derecho al voto.

Lo verdaderamente alarmante no es solo la existencia del esquema, sino la posibilidad —cada vez más discutida en círculos políticos y jurídicos— de que el gobierno de la gobernadora Jenniffer González haya actuado con ánimo de encubrimiento, lentitud, tibieza o incluso con intención de minimizar el asunto. La mera percepción de encubrimiento es, por sí sola, corrosiva. Cuando el poder político parece proteger a quienes manipulan el voto de los más vulnerables, la democracia deja de ser un pacto de igualdad y se convierte en un instrumento de conveniencia partidista.

El Departamento de Justicia de Puerto Rico y el Panel del Fiscal Especial Independiente tienen la obligación institucional —y moral— de asumir esta pesquisa con absoluta independencia, rigor y transparencia. La situación es de tal seriedad que hasta un congresista republicano, Glenn Grothman, del Comité de lo Jurídico de la Cámara Federal, requirió que se investigara. Evidentemente, no basta con expresiones públicas de preocupación ni con comunicados que prometen “evaluar la información”. La gravedad del señalamiento exige acción inmediata: citaciones, entrevistas, análisis forense de evidencia, y sobre todo, un compromiso inequívoco de que ningún funcionario, candidato o colaborador político estará por encima del escrutinio.

Si se confirma que hubo personas que entregaron drogas a cambio de votos, deben enfrentarse cargos penales sin contemplaciones. Y si se demuestra que hubo políticos que, con pleno conocimiento del esquema, lo promovieron, lo facilitaron o se beneficiaron de él, la consecuencia debe ser igualmente contundente. La democracia no puede ser rehén de quienes la manipulan para perpetuarse en el poder.

La indignación ciudadana no es un capricho: es una defensa legítima del orden democrático. La compra de votos —más aún cuando se realiza mediante sustancias controladas dentro de instituciones penales— no es solo un delito electoral. Es una violación profunda a los principios más básicos de justicia, equidad y dignidad humana. Es tratar el voto como mercancía y al elector como objeto. Es, en esencia, un acto de desprecio hacia el país. Puerto Rico no puede permitirse la complacencia. La intolerancia absoluta hacia estas prácticas no es una postura radical; es la única postura compatible con una democracia funcional. El silencio, la inacción o el encubrimiento serían complicidad.

Hoy, más que nunca, corresponde exigir claridad, responsabilidad y consecuencias. Porque cuando se compra un voto, se vende la democracia entera.

El autor es representante por Caguas

en la Cámara de Representantes