Por: Jesús Santa Rodríguez
Nuestro País continúa siendo sacudido por el encauzamiento y la acusación de varias figuras del liderato político local que han defraudado al pueblo al aprovecharse, en lo personal, de los bienes públicos. Contrario al personaje literario Robin Hood, que robaba a los ricos para dar a los pobres alimento y libertad, los hechos que llenan los noticiarios en Puerto Rico revelan una realidad totalmente opuesta a las motivaciones detrás del legendario personaje. Los arrestados son políticos y funcionarios sobre quienes el pueblo depositó la confianza, pero optaron por apropiarse de los bienes públicos, es decir, le robaron directa o indirectamente a los más vulnerables con el fin de comprarse camisas y zapatos caros, darse viajes al extranjero y otras frivolidades.
Este esquema se conoce informalmente en inglés como “kickback”. Es el acto por el que una persona ofrece o entrega un pago ilícito o intercambio hecho a alguien que ha sido facilitador en una transacción o favor determinado. Al “kickback” lo conocemos coloquialmente como “mordida”. El sistema de justicia y las autoridades federales le llaman soborno, que es una palabra mucho más pesada, sin eufemismos.
La doctora Ruth E. Ortega Vélez, en uno de sus comentarios del artículo 259 del Código Penal relacionados con este delito, apunta que el soborno se configura tan pronto la persona o funcionario acepta la proposición objeto de este, o cuando solicita el beneficio por sí o por medio de una tercera persona a cambio de llevar a cabo un acto regular de su cargo o función. No es necesario que el acto objeto del soborno se lleve a cabo para que quede configurado. El Tribunal Supremo ha expresado que el soborno conlleva depravación moral, es “esencialmente malo, doloso, fraudulento, inmoral, vil en su naturaleza, dañino en sus consecuencias”.
El soborno no se limita al intercambio de algún bien. También puede constituirlo que un funcionario público pase por alto la revisión de un documento con el fin de que recibamos una subvención, un permiso o una certificación.
Los principios éticos en el servicio público son inherentes a todo cargo en el gobierno. No existen excepciones. Desde la Asamblea Legislativa, nos toca proveer a los gobiernos municipales las herramientas necesarias para garantizar que la relación de peso y contrapeso entre los poderes Ejecutivo y Legislativo Municipal se mantenga. Llama la atención que tanto la compra de asfalto como el recogido de desperdicios sólidos son contrataciones que no pasan el cedazo de las legislaturas municipales, a pesar de estar entre los gastos más importantes de los municipios.
Como funcionarios públicos, nuestro deber principal es garantizar que los recursos del estado se administren responsablemente. Ello requiere transparencia, honestidad y lealtad. Estamos llamados al desempeño pulcro y la sana administración pública estatal y municipal. Debemos estar compelidos a ofrecer un servicio de utilidad social, que redunde en beneficio para otras personas. El soborno y la corrupción son atentados contra la riqueza de las comunidades y el prospecto de País que anhelamos.