Una represalia que revela más de lo que oculta

Por: José “Conny” Varela

La reciente decisión de la gobernadora Jenniffer González de tomar represalias contra un senador de su propio partido por atreverse a radicar un proyecto de ley que eliminaría el servicio de escoltas policiacas a exgobernadores ha encendido, con razón, un debate sobre la madurez política de la gobernadora y la salud democrática del país. Para muchos observadores, este episodio no solo confirma patrones previos, sino que expone una actitud que pudiera ser descrita como inmadura, revanchista y peligrosamente autoritaria.

El proyecto en cuestión planteaba una discusión válida sobre el uso de recursos públicos y la pertinencia de mantener privilegios por quienes ya no ocupan la silla ejecutiva. En cualquier democracia funcional, un planteamiento así debería provocar deliberación, análisis y debate abierto. Sin embargo, lo que surgió desde el La Fortaleza fue un acto de represalia política que buscó enviar un mensaje claro: cuestionar los privilegios del poder tiene consecuencias.

Lo más preocupante es que este tipo de reacción no ocurre en el vacío. Forma parte de un patrón más amplio de desmanes, exabruptos y decisiones impulsivas que han caracterizado la gestión actual. La administración de la gobernadora Jenniffer González opera bajo una lógica de “conmigo o contra mí”, en que la disciplina partidista se impone por encima del intercambio democrático de ideas. Cuando un gobierno responde con castigo en vez de argumentos, lo que se erosiona no es solo la convivencia interna de un partido, sino la confianza pública en las instituciones.

Además, la represalia contra un legislador de la misma colectividad política envía un mensaje inquietante: si así se trata a los aliados, ¿qué queda para quienes disienten desde fuera? La democracia exige tolerancia al desacuerdo, especialmente cuando proviene de voces que, desde dentro, buscan corregir excesos o revisar prácticas que ya no responden al interés público. Castigar la iniciativa legislativa no solo es un acto desproporcionado; es un intento de sofocar la discusión antes de que comience.

Este episodio debería servir como recordatorio de que el poder no se ejerce para proteger privilegios, sino para servir al país. La ciudadanía exige un gobierno capaz de escuchar, debatir y responder con argumentos, no con represalias. Y aunque algunos ya se han resignado a ver estos comportamientos como parte del estilo de la administración de Jenniffer González, normalizarlos sería un error grave. Puerto Rico necesita liderato, no impulsividad; diálogo, no castigo; y, sobre todo, un gobierno que entienda que la democracia se fortalece con transparencia y debate, no con tapabocas agresivos que sólo producen indignación y rechazo.

El autor es representante por Caguas

en la Cámara de Representantes