Una semana más de improvisación desde Fortaleza

Por: José “Conny” Varela

En una semana marcada por controversias y mensajes contradictorios desde La Fortaleza, las actuaciones de la gobernadora Jenniffer González han vuelto a levantar cuestionamientos sobre su estilo de gobernanza y su relación con la transparencia pública. Aunque insiste en que su administración está siendo invisibilizada por sectores políticos y mediáticos, como declaró recientemente, los eventos de estos días sugieren que el problema no es la falta de visibilidad, sino la falta de coherencia y responsabilidad.

Uno de los episodios más comentados fue la abrupta destitución de Valerie Rodríguez como secretaria del DACO. La exfuncionaria relató que se enteró de su salida mediante un correo electrónico, sin una llamada, reunión o explicación directa por parte de la gobernadora, a quien consideraba su amiga. Más allá del drama personal, el incidente expone un patrón preocupante: un liderato que evita el diálogo y prefiere decisiones unilaterales, incluso cuando afectan la estabilidad de las agencias y la confianza pública.

A este cuadro se suma la creciente pugna entre el Senado y La Fortaleza por el Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia ante el Cambio Climático, un documento esencial para la planificación del país ante riesgos ambientales cada vez más severos. Mientras el Senado insiste en que el plan ya fue entregado y exige acción inmediata, la administración de la gobernadora ha respondido con evasivas, retrasos y mensajes contradictorios. La falta de una postura clara no solo alimenta la tensión institucional, sino que deja al país sin una hoja de ruta en un asunto que debería trascender diferencias políticas. En un momento en que Puerto Rico enfrenta vulnerabilidades climáticas evidentes, la indecisión gubernamental proyecta improvisación y falta de urgencia.

Mientras tanto, su administración continúa responsabilizando a terceros por los problemas estructurales del país. Esta semana, el gobierno acusó a LUMA Energy de tácticas dilatorias en el proceso judicial para anular su contrato. Aunque la crítica a LUMA es ampliamente compartida, la estrategia de culpar exclusivamente al operador privado ignora que la propia administración no ha articulado un plan energético claro, sostenible y libre de contradicciones. Señalar culpables es más sencillo que asumir responsabilidad.

Finalmente, la insistencia de la gobernadora en que sectores buscan “invisibilizar” sus logros revela una tendencia preocupante a deslegitimar la crítica pública. En democracia, el escrutinio no es un ataque: es un deber. Pretender que toda objeción es malintencionada demuestra una visión reducida del debate político y una incapacidad para reconocer fallas internas.

El autor es representante por Caguas

en la Cámara de Representantes