Por: Jesús Santa Rodríguez
Puerto Rico es uno de los países con mayor dependencia para la importación de productos agropecuarios para alimentar a su población. Esto tiene un efecto en el potencial aumento en el costo de artículos asociados con esta industria que termina afectando el bolsillo de la gente. También, depender de la importación de productos para consumo humano -incluso, para alimentar el ganado y los pollos que nos brindan leche, huevos y carne- colocan en riesgo la supervivencia de los puertorriqueños.
Durante esta semana, la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Representantes, citó a vista pública al Departamento de Agricultura (DA), con el fin de conocer la propuesta de presupuesto para el año fiscal 2024-2025.
De esta vista se desprende que existen escasamente 30,000 personas trabajando la agricultura como ingreso principal, proveyendo mano de obra y empresarial relacionada con el desarrollo de esta industria. Sabemos que nuestro país continúa enfrentando dificultades para contratar recursos locales, particularmente trabajadores para recoger café, hortalizas y de la industria lechera. Para paliar esta insuficiencia en mano de obra, el DA logró autorización federal para añadir trabajadores agrícolas bajo una Visa H2A al subsidio salarial, pero ha enfrentado dificultades por la inherencia de la Junta de Control Fiscal, que insiste en intervenir con sus funciones para crear empleos y contrataciones.
Asimismo, permitir la latitud necesaria para que el DA implante estrategias para enfrentar el cambio climático y calentamiento global es instrumental para evitar la afectación de las siembras y cosechas por la alteración en los patrones de lluvias. Sabemos que, a medida que aumentan las temperaturas del planeta, incrementa la necesidad de riego sistemático de las siembras. Otro reto en cuanto a la disponibilidad de agua es que la demanda para el consumo humano ha incrementado, a pesar de que tenemos cerca de un millón de personas menos que hace unas décadas. Esto tiene un efecto en la agricultura e incide en el precio de sus productos.
La Junta de Control Fiscal tiene unas obligaciones estatutarias y jurídicas relacionadas con la quiebra del gobierno de Puerto Rico. Estas no incluyen intervenir con el desarrollo y fortalecimiento de la industria agrícola, pues existen leyes que aplican a este sector y a los beneficios que merecen sus trabajadores actualmente y a futuro, cuando se jubilen.
La Junta de Control Fiscal tampoco tiene la potestad de intervenir en la cantidad de empleados a ser contratados. El DA ha demostrado tener la capacidad para subvencionar, con ingresos propios, el pareo de fondos para la contratación de mano de obra y recursos para suplir las necesidades de nuestros agricultores para enfrentar y recuperarse en caso de un evento atmosférico.
Para tener la capacidad de aumentar la disponibilidad de productos destinados a la autosostenibilidad de la población y enfrentar adecuadamente una emergencia alimentaria, es preciso contar con los recursos necesarios para viabilizar el fortalecimiento de la agricultura y productos relacionados. Impedir, por capricho, que los puertorriqueños podamos desarrollar plenamente esta industria es un atentado contra el bienestar y, en el peor de los casos, la supervivencia de nuestro pueblo.