$400 mil para sembrar nubes: el contrato que nadie fiscalizó

Esta administración tiene un libreto conocido: firmar contratos sin fiscalización y, si algo sale bien, aunque por casualidad y apariencia, salir en video a cobrar el crédito. Esta semana ese libreto se repitió con un giro nuevo: la lluvia como estrategia de comunicación de Fortaleza.

A mediados de agosto, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) firmó un contrato de hasta $400,000 con la empresa Seeding Operations & Atmospheric Research (SOAR) para “sembrar nubes” sobre Carraízo, La Plata y Cidra, en medio de la sequía que forzó el racionamiento en el área metropolitana y el este. El primer vuelo operó el 5 de septiembre; la vigencia se extiende hasta noviembre. Lo grave no es solo el gasto: el contrato nunca se discutió con la Junta de Gobierno de la AAA. El presidente ejecutivo, Luis González Delgado, se excusó diciendo que solo consultan a la Junta en emergencias sobre el millón de dólares, como si $400,000 del pueblo no merecieran una mirada seria. La representante de la Asociación de Alcaldes en esa Junta, Verónica Rodríguez Irizarry, lo dijo sin rodeos: “Fallamos en la comunicación otra vez. Nunca se nos consultó algo tan importante”. No es la primera vez: el expresidente de la Junta, Héctor del Río Jiménez, renunció el 6 de agosto por fallas similares.

¿Y a quién le entregaron el contrato? A la misma empresa que ya falló en la sequía de 2015, cuando el informe oficial concluyó que “no pudo establecerse cuánto de la precipitación respondió a la intervención”. El propio dueño de SOAR, Gary Walker, fue reveladoramente honesto al preguntársele si podía garantizar resultados: “No, no, no hay garantías”, dijo, y añadió que todo depende de “cuántas nubes nos dé Dios” y que “hay que orar y orar”. La Oficina de Climatología de Puerto Rico, en el Recinto Universitario de Mayagüez, fue tajante: “La siembra de nubes no crea las nubes ni crea el vapor de agua”, advirtió su director, Héctor J. Jiménez, quien pidió rigor científico antes de llamarla solución.

Nada de eso detuvo a la gobernadora. El 14 de septiembre, tras lluvias de hasta pulgada y media, anunció que “se descarta totalmente” el racionamiento, y el 18 celebró en video el alza de 15 de los 19 embalses, con un mensaje directo “a los que dudaron de la siembra de nubes”. La AAA aún evalúa con meteorólogos si el contrato tuvo algo que ver o si la onda tropical que nos arropó fue la responsable; la gobernadora ya se adjudicó la victoria sin esperar esa evaluación.

Es el patrón de siempre: gastar sin fiscalización, evadir a los organismos de supervisión, y montar el show mediático cuando conviene. Un show de frivolidad e insultante a la inteligencia de la gente. El pueblo que pasó meses racionando agua en Loíza, Canóvanas y Río Grande —y a quien la propia gobernadora advierte que el racionamiento podría volver— exige, con derecho, una administración que invierta en infraestructura real: pozos, tuberías, reparación de fugas. No apuestas de $400,000 a que Dios provea. Algo nos queda claro de todo esto: ¡hay que orar!

El autor es representante por Caguas

en la Cámara de Representantes