Autoritarismo legislativo en la camara PNP.

Por: José “Conny” Varela

La decisión del presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, de ordenar la paralización inmediata de la investigación sobre los centros de inspección de vehículos en Puerto Rico constituye un golpe innecesario y profundamente preocupante a la institucionalidad legislativa. No es un asunto menor ni un trámite interno. Es una acción que trastoca el equilibrio de poderes dentro del cuerpo legislativo y que envía un mensaje equivocado sobre la seriedad con la que la Cámara de Representantes asume su deber fiscalizador.

No se trata de una diferencia de criterio ni de un ajuste administrativo. Se trata de una intervención directa —y sin fundamento parlamentario— con un mandato aprobado por unanimidad por el pleno cameral mediante la Resolución de la Cámara 352, de mi autoría. Ese mandato no es una sugerencia ni una encomienda discrecional. Es una orden del cuerpo legislativo en pleno, producto del ejercicio colectivo de nuestras facultades constitucionales.

El presidente de la Cámara no tiene poder parlamentario para interferir con el mandato del pleno, y su instrucción de detener la pesquisa violenta las prerrogativas constitucionales de la Comisión de Transportación e Infraestructura. La investigación no es propiedad del presidente; es una responsabilidad institucional compartida por los 52 legisladores que votaron conmigo a favor de iniciarla. Pretender lo contrario equivale a distorsionar la naturaleza misma del proceso legislativo y a reducir la voluntad del cuerpo a la discreción de un solo legislador.

Por otro lado, la justificación ofrecida por el presidente —que Justicia y el PFEI llevan investigaciones propias— no solo es insuficiente, sino peligrosa. La percepción pública sobre ambas entidades, marcada por años de controversias, inacción y decisiones cuestionadas, no permite delegar en ellas la totalidad del escrutinio. La investigación legislativa no compite con la penal; la complementa. Es distinta en propósito, alcance y naturaleza. Renunciar a ella equivale a abdicar una función esencial de la Asamblea Legislativa y a dejar sin atender fallas sistémicas que solo la Asamblea Legislativa puede corregir mediante política pública.

Más aún, la paralización de la investigación tiene el efecto de menoscabar las prerrogativas de la Rama Legislativa. La existencia de pesquisas ejecutivas no elimina, ni sustituye, el deber constitucional de fiscalizar. La advertencia es seria: detener esta investigación no solo afecta un caso particular, sino que sienta un precedente peligroso sobre la subordinación del poder legislativo a consideraciones externas.

Y aquí surge la preocupación mayor: cuál será el rol de La Fortaleza en este proceder, si alguno. La mera posibilidad de que el Ejecutivo haya influido en la decisión de frenar una investigación legislativa es alarmante. La separación de poderes no es un adorno retórico; es un pilar democrático cuya erosión comienza precisamente con decisiones como esta.

El autor es representante por Caguas

en la Cámara de Representantes