Reclasificación del cannabis.

Por: Nitza Morán Trinidad

El tema del cannabis ha sido, durante décadas, uno de los más controversiales en la política pública. Para algunos, sus atributos medicinales justifican su uso; para otros, sigue siendo un asunto de ilegalidad por sus efectos directos e indirectos en la sociedad.

En días recientes, el presidente Donald Trump realizó expresiones que van más allá del debate tradicional entre defensores y opositores. Sus declaraciones giraron en torno a la posible reclasificación de la marihuana dentro del sistema federal de control de sustancias. Conviene recordar que en Puerto Rico se legalizó el cannabis medicinal en 2007, pero no su uso recreativo. A nivel federal, la marihuana continúa clasificada como Schedule I, una de las categorías más restrictivas, reservada para sustancias consideradas de alto riesgo y sin valor médico aceptado. 

La propuesta de reclasificarla a Schedule II implicaría reconocer sus posibles beneficios terapéuticos y aceptar que su perfil de riesgo es menor al de otras drogas altamente controladas. No obstante, este cambio, aunque relevante, parece más una corrección administrativa que una transformación estructural. Llega en un momento en que el cannabis ha dejado de ser un tabú para convertirse en un tema de política pública en muchos países y estados de Estados Unidos, donde su uso ha sido legalizado total o parcialmente, generando economías reguladas mientras el gobierno federal mantiene una postura contradictoria. 

La reclasificación no resuelve el problema de fondo: la desconexión entre la política federal y la realidad estatal. Tampoco atiende de manera directa las consecuencias sociales que han acompañado el manejo de la criminalización, ni incorpora plenamente enfoques de justicia restaurativa. 

En aquellas jurisdicciones donde se ha desarrollado una industria formal, también han surgido retos. Si bien se ha reducido la carga en el sistema judicial por delitos menores de posesión, persisten preocupaciones relacionadas con el consumo, la salud pública y la seguridad. Entre ellas, el impacto en la conducción bajo los efectos de la sustancia y la percepción de una normalización que no necesariamente está acompañada de educación adecuada. 

Para Puerto Rico, el impacto de una reclasificación federal sería limitado si no se acompaña de una revisión local más amplia. Aunque el programa de cannabis medicinal funciona como una industria regulada, sigue sujeto a restricciones federales que encarecen sus operaciones y limitan su acceso a servicios financieros. Esto también incide en la transparencia y en el desarrollo económico pleno del sector. 

Una reclasificación podría aliviar algunas cargas, pero no transformaría automáticamente las dinámicas que rodean esta industria. La política pública sobre el cannabis en Estados Unidos continúa atrapada entre el reconocimiento de sus beneficios y el temor a una liberalización total. Mientras esa contradicción no se resuelva, cualquier cambio será parcial y cualquier avance, inevitablemente, incompleto.

La autora es senadora por San Juan,

Aguas Buenas y Guaynabo