Jesús Santa Rodríguez, presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Representantes.
Redacción EDITORIAL SEMANA
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Jesús Santa Rodríguez, La Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Representantes, presidida por Jesús Santa Rodríguez, inició el proceso de vistas públicas para evaluar el Proyecto de la Cámara 1576, que busca incorporar un ajuste por inflación a las escalas contributivas, deducciones y exenciones a los individuos, con el fin de crear el Incentivo por Ajuste de Costo de Vida. A la vista pública se dieron cita funcionarios del Departamento de Hacienda (DH), la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) y el Colegio de Contadores Públicos Autorizados (CCPA), y otros representantes en su interés privado.
La medida, que busca enmendar varias secciones del Código de Rentas Internas del país, recibió el aval del DH, la OGP y la AAFAF. Sin embargo, el proyecto plantea una serie de cuestionamientos en cuanto a los datos utilizados en su contenido, entre ellos la base para calcular los niveles de inflación y los ajustes propuestos.
“El proyecto es loable. Sin embargo, es necesario aclarar la utilización del Indice General de Precios al Consumidor (IPC) como indicador de la tasa de inflación, que está muy por debajo de la realidad actual. Específicamente, el DTRH utiliza este indicador basándose en datos del año 2006, cuando el poder adquisitivo estaba en los setenta y seis centavos por dólar, sin que se tomen en consideración los cambios sustantivos en los salarios ni el incremento en el precio de la canasta de bienes y servicios”, señaló Santa Rodríguez, resaltando que el Gobierno necesita asegurarse que sus cálculos respondan a la realidad del efecto de la inflación sobre los puertorriqueños.
El CCPA, a su vez, señaló como puntos a evaluarse previo a aprobar este proyecto, el efecto de deflación o falta de inflación, pues el proyecto no indica con claridad si en caso de no existir inflación, se revertirán o no los ajustes previamente realizados, según dispone legislación federal. Asimismo, señaló que la medida no es extensiva a todos los individuos, incluyendo los cuentapropistas y otros ciudadanos que están sujetos también al costo de la inflación. “Entendemos que el beneficio no debe ser dependiente a que el contribuyente reciba un ingreso tributable”, señaló Aixa González Reyes, presidenta del CCPA. Otra de las recomendaciones planteadas por la Asociación fue cuestionar que se hayan separado solo $70 millones para el pago del estímulo para el 2023, sin considerar si el impacto inflacionario fuera mayor, el costo para que el erario pudiera aumentarlo o si el beneficio para los recipientes se viese afectado, frustrando así los objetivos de la medida.
Según el secretario del DH, Francisco Parés, sobre la proporcionalidad del incentivo total propuesto de $70 millones respecto a la base de ciudadanos que se beneficiarán del mismo, esta medida alcanzaría unos 618 mil ciudadanos que rinden sus planillas de contribución sobre ingresos.
El proyecto que daría paso al ajuste por inflación para individuos estará ante la consideración de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara para su estudio y eventual atención por el cuerpo legislativo.“Reconocemos la necesidad de darle un alivio a las familias trabajadoras, sobre todo en este escenario en el que el aumento de la inflación está teniendo un impacto significativo en el poder adquisitivo y la calidad de vida”, resaltó Santa Rodríguez.