El Gobierno de LosAmigos del Alma.
La salida de la secretaria del Departamento de la Vivienda, Ciary Pérez Peña, llegó cuando el daño político ya estaba hecho. Para muchos observadores, su renuncia no fue un acto de responsabilidad, sino la confirmación tardía de una crisis que la administración de Jenniffer González dejó crecer hasta volverse insostenible. Durante semanas, la controversia alrededor de la funcionaria se convirtió en un lastre que minó la credibilidad del gobierno y alimentó la percepción de que la gobernadora había perdido el control sobre su propio gabinete.
Diversos analistas han señalado que este episodio expuso una falla profunda en la capacidad de la mandataria para seleccionar a quienes encabezan las agencias más sensibles del país. La defensa incondicional que ofreció a Ciary Pérez —incluso cuando ya era evidente que la secretaria enfrentaba señalamientos serios y cuestionamientos éticos— proyectó una imagen de terquedad y desconexión con el sentir ciudadano. Para muchos sectores, ese atrincheramiento fue un acto de soberbia que terminó por agravar la crisis.
A este cuadro se suma otro señalamiento que ha cobrado fuerza en el debate público: la percepción de que, para la gobernadora, favorecer a sus allegados parece ser una prioridad más apremiante que garantizar una administración pública sana y funcional. La estructura de poder que ha ido consolidando responde más a un reparto interno del banquete gubernamental que a un compromiso real con la transparencia, la meritocracia o el servicio público. En ese contexto, la defensa incondicional sobre Ciary Pérez se interpreta como parte de un patrón más amplio, donde la lealtad personal pesa más que la integridad institucional.
El efecto político ha sido devastador porque reactivó memorias que el país preferiría olvidar. La controversia en Vivienda evocó, para amplios sectores de la población, la era de escándalos que marcó la gobernación de Pedro Rosselló en los años noventa. No fueron pocos los que recordaron el caso del Secretario de Educación Víctor Fajardo y otros administradores de la Administración Rosselló, que protagonizaron episodios que dejaron cicatrices profundas en la confianza pública. La conclusión y la asociación fueron inmediatos: un gobierno que prometió renovación y transparencia termina reproduciendo patrones que el país asocia con corrupción y desorden administrativo.
En ese contexto, la renuncia de Ciary no se interpreta como un cierre, sino como un síntoma. Para muchos, simboliza el retorno de viejas prácticas que la ciudadanía creía superadas. También plantea interrogantes sobre la cultura interna de esta administración, su tolerancia a las cosas turbias y su poca disposición a corregir rumbos antes de que los problemas se conviertan en crisis.
La gobernadora enfrenta ahora el gran reto de convencer al país de que no es lo que para la mayoría del pueblo aparenta ser: la gobernadora de los amigos del alma.
El autor es representante por Caguas
en la Cámara de Representantes
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