El mensajeque los delata
Durante meses, esta administración repitió el mismo libreto ante el escándalo del contrato de $5,887 millones con Power Expectations: nadie sabía, nadie apuró nada, todo fue culpa de terceros. Ese libreto se les cayó esta semana. El 9 y 10 de septiembre trascendió un mensaje de texto que el zar de Energía y director ejecutivo de la Autoridad de Alianzas Público-Privadas (AAPP) —de la cual depende el 3PPO—, Josué Colón, le envió a su asesor legal, instruyéndole a gestionar con el abogado de la AEE que el contrato se firmara “a la brevedad posible” y se radicara ante la Oficina del Contralor. El mensaje contradice frontalmente la narrativa de que este acuerdo avanzó por inercia burocrática y no por presión política desde adentro del gobierno.
La reacción de La Fortaleza fue, otra vez, mirar para otro lado. El secretario de Asuntos Públicos, Jean Peña Payano, dijo que la autenticidad del mensaje “habría que autenticarlo” y que el asunto “debería ser parte de una investigación o presentarse en los tribunales”. Insistió, además, en que la evaluación de Power Expectations “es un asunto de empresa privada” y le endosó la responsabilidad al 3PPO, como si esa oficina no operara bajo la autoridad del propio Colón, funcionario nombrado por esta gobernadora.
La propia gobernadora tampoco ayudó a aclarar el panorama. El 9 de septiembre, preguntada si cancelaría el contrato del 3PPO, respondió que “todo está sobre la mesa” y calificó el manejo de esa entidad sobre Power Expectations como “fatal”. El mismo patrón de siempre: admitir que algo salió catastróficamente mal, sin asumir responsabilidad directa, como si el 3PPO no operara dentro de su propia estructura de gobierno. Primero fue “me dejaron al margen”; ahora es “el 3PPO lo hizo fatal”. Nunca es ella. Nunca su gente de confianza.
Mientras en San Juan se juega este ajedrez de culpas cruzadas, en Washington se agota la paciencia. Seis legisladores demócratas —encabezados por Jared Huffman, Martin Heinrich, Elizabeth Warren, Robert García, Derek Tran y nuestro Comisionado Residente, Pablo José Hernández— exigieron al gobierno que entregue, antes del 16 de septiembre, calendarios, invitaciones a reuniones, registros de llamadas y de visitantes, y actas relacionadas con la firma no autorizada del nombre de un ejecutivo de Enchanted Rock en este contrato. Que el propio Congreso tenga que exigir transparencia a Fortaleza sobre un contrato pagado con la factura de luz de cada puertorriqueño es, en sí mismo, un juicio contundente sobre esta administración.
No hay margen para la ambigüedad calculada. Si existe un mensaje que demuestra que un alto funcionario presionó para acelerar la firma de un contrato de casi seis mil millones de dólares en medio de banderas rojas evidentes, ese mensaje debe ir a la Justicia, no a un comunicado evasivo. Desde la Cámara seguiré insistiendo en que esta investigación llegue hasta las últimas consecuencias, incluyendo a quienes en Fortaleza decidieron mirar hacia otro lado mientras el reloj corría. Hay que aclarar finalmente quién apuró ese contrato y por qué.
El autor es representante por Caguas
en la Cámara de Representantes
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