La credibilidad de Jenniffer González está en ruinas.

Por: José “Conny” Varela

Durante semanas, la gobernadora Jenniffer González insistió en defender sin reservas a la entonces secretaria del Departamento de la Vivienda, Ciary Pérez Peña, aun cuando ya existían señalamientos públicos y serios indicios de que podía haber incurrido en conducta delictiva. Esa defensa cerrada, repetida en conferencias de prensa y comunicados oficiales, no solo buscaba proteger a una funcionaria cuestionada, sino también proyectar una imagen de control y corrección política que, a la luz de los acontecimientos, se ha desmoronado estrepitosamente.

Esta semana, el Departamento de Justicia hizo lo que muchos puertorriqueños consideraban evidente: concluyó que existía causa suficiente para recomendar el nombramiento de un Fiscal Especial Independiente contra Ciary Pérez Peña. La petición original no surgió del Ejecutivo, como luego intentó insinuar la gobernadora, sino de legisladores del Partido Popular Democrático, quienes acudieron al Departamento de Justicia ante la inacción evidente de La Fortaleza. Esa gestión legislativa —no la voluntad del Ejecutivo— fue la que finalmente obligó a activar los mecanismos institucionales que el país espera que funcionen sin presiones políticas.

La reacción posterior de la gobernadora, adjudicándose falsamente el referido, expuso nuevamente un patrón que ya muchos puertorriqueños reconocen: la administración recurre a la distorsión de los hechos para manejar la apariencia de los problemas públicos. El récord es claro y verificable. No fue la gobernadora quien solicitó la intervención de Justicia. Fueron legisladores del PPD quienes, ante la falta de acción del Ejecutivo, llevaron el asunto a las autoridades pertinentes. Aun así, la gobernadora insistió en una mentira, demostrando una vez más que su administración parece operar bajo la premisa de que repetir una falsedad basta para convertirla en verdad.

Este episodio no es menor. Revela una cultura gubernamental que prioriza la manipulación de los datos por encima de la transparencia, que protege a sus allegados aun cuando los hechos apuntan en otra dirección, y que intenta reescribir la historia cuando la realidad se impone. La defensa inicial que la gobernadora hizo de la secretaria, seguida por su intento de apropiarse del mérito del referido al Departamento de Justicia, no solo erosiona la credibilidad de la gobernadora, sino que profundiza el cansancio de un país que ha visto demasiadas veces cómo la mentira se utiliza como herramienta de gestión pública.

La recomendación del Departamento de Justicia confirma lo que ya sospechaba gran parte del país. Pero también confirma algo más preocupante: que la administración de la gobernadora González Colón continúa apostando a la manipulación de los asuntos públicos sin pudor y sin sonrojarse. Lo que todavía no termina por aceptar la administración de Jenniffer González es que sus mentiras ya son tantas y tan evidentes que el país no las cree y las enfrenta más como un acto de circo que como un asunto de política pública. La credibilidad de Jenniffer está en ruinas.

El autor es representante por Caguas

en la Cámara de Representantes