La demanda contra LUMA, un engaño político

Por: José “Conny” Varela

La demanda presentada por la administración de Jenniffer González para solicitar a los tribunales de Puerto Rico que decreten la nulidad del contrato con LUMA Energy merece un comentario. A primera vista, podría parecer un acto de firmeza contra una empresa que ha sido objeto de críticas constantes por su desempeño en la transmisión y distribución de energía eléctrica. Sin embargo, al examinar el mecanismo utilizado por el gobierno de Jenniffer González, lo que se revela es una movida política calculada, irresponsable y profundamente irrespetuosa hacia la inteligencia del pueblo puertorriqueño.

La gobernadora prometió cancelar el contrato con LUMA. Esa fue su palabra, repetida en múltiples foros y utilizada como bandera electoral. No obstante, en lugar de ejercer el poder ejecutivo y buscar mecanismos administrativos o legislativos para terminar la relación contractual, ha optado por recurrir a los tribunales sin decretar ella misma la cancelación del contrato. Este giro no es casual: al pedirle al tribunal que declare la nulidad, González se coloca en una posición cómoda. Si el tribunal falla en contra, ella podrá presentarse ante los electores como una gobernadora que “lo intentó”, pero que fue frenada por la judicatura. En otras palabras, prepara el terreno para culpar a otro poder del Estado por la permanencia de LUMA, lavándose las manos de su propia incapacidad o falta de voluntad política.

Este tipo de estrategia es peligrosa porque erosiona la confianza ciudadana en las instituciones. El pueblo ya no tolera excusas, ni juegos de poder; exige soluciones concretas a un problema que afecta la vida diaria de cada hogar y empresa en la isla. La energía eléctrica es un servicio esencial, y la administración de González está abrumada por el hecho de que no puede cumplir lo que cumplió en su campaña sobre enderezar el sistema de generación y transmisión de energía eléctrica.

La demanda también refleja la fragilidad de una administración maltrecha, que ha perdido respaldo popular y que busca desesperadamente un respiro mediático. En lugar de asumir responsabilidad, se recurre a un espectáculo jurídico que, de antemano, se sabe cuesta arriba. Cancelar un contrato de esta magnitud requiere voluntad política, negociación seria y un plan alterno para garantizar la continuidad del servicio. Nada de eso se ha presentado.

Más aún, la gobernadora subestima la capacidad crítica del pueblo de Puerto Rico. Pretender que los ciudadanos acepten la excusa de que “los tribunales no dejaron” es un insulto a la inteligencia colectiva. La gente sabe distinguir entre un intento genuino y una maniobra politiquera. Y en este caso, todo apunta a lo segundo.

En definitiva, la demanda contra LUMA no es un acto de valentía, sino una jugada política diseñada para desviar la atención de una administración debilitada y sin rumbo. Es un intento de trasladar la culpa y perpetuar la frustración de un país que exige, con razón, dignidad y respeto en la gestión pública.

El autor es representante por Caguas en la Cámara de Representantes