Ni el cine se salva del discrimen en la administración de Jenniffer González

Por: José “Conny” Varela

En un país que aspira a instituciones transparentes, justas y libres de favoritismos, resulta alarmante observar cómo se consolida un patrón de arbitrariedad en la administración pública. El gobierno de Jenniffer González, lejos de promover un clima de apertura y equidad, parece haber adoptado una lógica de exclusión política que permea decisiones que deberían ser estrictamente técnicas.

 El más reciente ejemplo —la denuncia de que se denegaron incentivos para la producción de una película vinculada a René Pérez Joglar, conocido como Residente, y Bad Bunny— expone con crudeza un problema que ya muchos en la industria venían señalando: el discrimen político como criterio de política pública.

La industria del cine en Puerto Rico no es un capricho cultural ni un lujo. Es un sector económico robusto, capaz de generar miles de empleos directos e indirectos, atraer inversión externa y proyectar al país en mercados internacionales. Negarle incentivos a una producción de alto perfil, con potencial de impacto económico significativo, no solo es una decisión cuestionable: es una afrenta directa a las cientos de familias que dependen de esta industria para sostenerse. Cuando el gobierno actúa movido por animosidades políticas, el daño no recae sobre artistas o productores; recae sobre el pueblo trabajador.

Lo más preocupante es que este incidente no parece ser un caso aislado. Diversas voces dentro del sector han denunciado un patrón de control, favoritismo y discrecionalidad excesiva en el otorgamiento de incentivos. En vez de un proceso transparente, basado en criterios objetivos y en el mejor interés económico del país, lo que se percibe es un sistema donde la afinidad política pesa más que la viabilidad del proyecto o su aportación al desarrollo económico. Esa práctica, además de injusta, es profundamente ineficiente.

La cultura y la economía no pueden ser rehenes de la política partidista. Bajo la administración de Jenniffer González la otorgación de los incentivos para el cine no opera con reglas claras que fomenten la inversión y que traten a todos los solicitantes con igualdad. Cuando un gobierno utiliza su poder para castigar voces críticas o premiar aliados, erosiona la confianza pública y debilita sectores que deberían ser motores de crecimiento.

Este episodio debe servir como llamado urgente a la transparencia. El país merece saber por qué se toman estas decisiones, quién las toma y bajo qué criterios. La industria del cine merece un trato justo. Y Puerto Rico merece un gobierno que actúe con responsabilidad, no con revanchismo. Sobre todo cuando se trata de la cultura que tanto nos enorgullece y que tanto tiene que aportar a nuestro desarrollo.

El autor es representante por Caguas

en la Cámara de Representantes