PNP despilfarra $80 millones de la Corporación del Fondo.

Por: José “Conny” Varela

En un país acostumbrado a los fraudes fiscales, lo ocurrido en la Corporación del Fondo del Seguro del Estado con las inversiones en The Phoenix Fund y su afiliada PUC Holdings rompe cualquier parámetro de sensatez. Hablamos de alrededor de 80 millones de dólares de fondos públicos colocados en estructuras privadas de inversión, sin garantías reales, en un esquema que hoy luce, a lo mínimo, como un monumento a la negligencia crasa y, en el peor de los escenarios, como un fraude contra el Pueblo.

Los datos son claros: la Corporación del Fondo del Seguro del Estado invirtió 40 millones en The Phoenix Fund en 2019 y, tras contratar como asesor a uno de sus propios ejecutivos, canalizó otros 40 millones a PUC Holdings, una subsidiaria creada días antes y vinculada al mismo grupo. Poco después, el fondo fue intervenido por la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras y terminó acogiéndose a la Ley de Quiebras. Hoy la Corporación del Fondo del Seguro del Estado reclama cerca de 100 millones en principal e intereses en los tribunales, mientras el País observa, otra vez, cómo el dinero de los trabajadores se evapora en la busconería financiera.

No se trata solo de una mala apuesta. Cuando una corporación pública presta o invierte sumas de esta magnitud sin garantías suficientes, sin transparencia y con evidentes conflictos de interés, se cruza la línea entre la torpeza administrativa y la posible conducta criminal. Por eso son imprescindibles investigaciones profundas del Departamento de Justicia, de la Oficina de Ética Gubernamental y de la Oficina del Contralor, así como vistas públicas serias de la Asamblea Legislativa. No para el espectáculo, sino para fijar responsabilidades personales y cerrar los vacíos legales que permitieron este despropósito.

Lo más indignante es la dejadez con la que el gobierno de Jenniffer González ha manejado este escándalo, producido y sostenido por tres administraciones consecutivas del PNP. La narrativa oficial intenta reducirlo a un “asunto en los tribunales”, como si se tratara de una disputa privada entre inversionistas sofisticados. No: aquí lo que está en juego es la confianza de los lesionados, de los patronos y de toda la ciudadanía en que las instituciones públicas no son casinos de alto riesgo al servicio de unos pocos.

Si este escándalo termina en el acostumbrado archivo, en acuerdos confidenciales o en sanciones simbólicas, el mensaje será devastador: que en Puerto Rico se puede jugar con el dinero del pueblo sin consecuencias. La única respuesta aceptable es una: verdad completa, responsabilidades claras y reformas legales que garanticen que una operación tan temeraria—o probablemente criminalmente calculada—no vuelva jamás a repetirse.

El autor es representante por Caguas

en la Cámara de Representantes