Sal y agua
Nuevamente, Puerto Rico reclama respuestas y no explicaciones acomodadas a la conveniencia del momento. Las respuestas deben ser claras: quién tomó las decisiones, quién conocía los riesgos y cómo un contrato con un valor máximo estimado de $5,886 millones terminó convertido en una de las controversias de contratación pública más serias de los últimos años.
A estas alturas conocemos algunos de los actores que participaron en distintas etapas del proceso: la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, encabezada por el llamado zar de Energía, Josué Colón Ortiz; la Oficina Independiente de Adquisiciones, conocida como 3PPO y administrada por Regulatory Compliance Services, presidida por Osvaldo Carlo Linares; la Autoridad de Energía Eléctrica, dirigida por Mary Carmen Zapata Acosta; y la Junta de Supervisión Fiscal, que evaluó y autorizó el contrato antes de retirar su aprobación.
Las vistas de la Cámara de Representantes han añadido nuevas piezas al rompecabezas. Entre ellas, mensajes de texto que datan de junio de 2025 y que, según información divulgada públicamente, muestran al zar de Energía dando seguimiento al proceso y reclamando avances relacionados con la contratación de generación temporera.
El contrato, dirigido a proveer alrededor de 400 megavatios, terminó cancelado luego de que ERock Inc., matriz de Enchanted Rock, afirmara que no participaba del proyecto y alegara que el nombre y la firma de su subsidiaria habían sido utilizados sin autorización. También surgieron interrogantes sobre la capacidad del consorcio para cumplir con las exigencias del acuerdo y sobre la garantía de cumplimiento requerida.
Corresponderá a las investigaciones y a los tribunales determinar si existieron actuaciones impropias y quién debe responder por ellas. Sin embargo, existe una responsabilidad que trasciende cualquier procedimiento investigativo: explicar con transparencia cómo funcionaron los controles de un proceso contractual de esta magnitud.
Cuando múltiples organismos públicos intervienen en una contratación, no puede ocurrir que, al surgir problemas, la responsabilidad se diluya entre oficinas, funcionarios, contratistas y entidades reguladoras hasta que parezca que nadie fue responsable de nada.
La estabilidad energética tampoco debe convertirse en un asunto de bandos políticos porque todos necesitamos luz. Los puertorriqueños continúan enfrentando apagones, fluctuaciones y relevos de carga mientras un sistema de generación deteriorado sigue operando bajo enormes presiones.
Por eso, ya no basta preguntar quién firmó. Hay que conocer quién evaluó, quién recomendó, quién advirtió, quién sabía y qué controles fallaron para permitir que un contrato de casi $5,900 millones llegara hasta donde llegó.
Todo terminó, por ahora, en sal y agua. Pero la necesidad de generación permanece.
Las investigaciones deben llegar hasta donde tengan que llegar y las responsabilidades deben establecerse con evidencia. Mientras tanto, Puerto Rico necesita generación confiable, estabilidad y un plan energético que pueda ejecutarse.
Porque entre tantos señalamientos, explicaciones y versiones encontradas, quienes no pueden quedarse esperando —mucho menos a oscuras— son los puertorriqueños.
La autora es senadora por San Juan,
Aguas Buenas y Guaynabo
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