
Por: José “Conny” Varela
¡Ningún ser humano es ilegal!
Esta contundente frase resume toda la indignación que resulta en las órdenes ejecutivas en materia de inmigración y naturalización recientemente firmadas por el Presidente de los Estados Unidos. En una de ellas, se busca eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento. Ello constituye un absurdo atentado a la disposición de la Constitución Federal de la Decimocuarta enmienda, vigente por más de ciento cincuenta (150) años, que establece de manera expresa que toda persona nacida en y sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos se le confiere la ciudadanía americana.
En otra de las cuestionadas órdenes ejecutivas, el recién juramentado Presidente ordena a todo su aparato de seguridad federal a tirarse a la calle a detener y deportar inclusive a sus países de origen a aquellos ciudadanos inmigrantes con delitos menos graves, independientemente de su status migratorio.
La situación ha escalado a tal punto que están deteniendo por mera sospecha o perfil étnico a aquellos con residencia permanente o que su visado está vigente todavía. Por ejemplo, en la ciudad de Newark, Nueva Jersey, intervinieron con un compatriota puertorriqueño residente allí y oficial retirado del Ejército.
Naturalmente, el efecto de esta abrupta acción es el temor de salir a la calle. Miles de personas, hombres, mujeres y niños inclusive, particularmente hermanos de la comunidad antillana residente en la Isla se sienten inseguras en estos momentos y se cohíben de realizar sus tareas cotidianas (ir a la escuela, al trabajo, a hacer compras). En nuestra ciudad de Caguas varios de los residentes de Savarona, conocida comunidad compuesta mayormente por compueblanos de origen dominicano, nos confirman esta preocupación.
El pueblo de Puerto Rico se caracteriza por su hospitalidad, el respeto al derecho humano y su solidaridad con aquellos que han echado raíces aquí y contribuyen a nuestro desarrollo social y económico. Y espera de la actual administración gubernamental a no hacerse eco de ningún abuso de poder contra esta población.
Por mi parte, me hago eco de la exhortación de las entidades expertas en materia de derecho migratorio y constitucional y les invito a hacer valer sus derechos. Es importante mantener la calma.
Si algún oficial debidamente identificado visita su casa o centro de trabajo, recuerde solicitar la orden de allanamiento firmada por un juez federal. Tiene derecho a permanecer en silencio, de recurrir a asistencia legal y siempre guarde copias de sus documentos de inmigración.
El autor es representante a la Cámara por el Distrito 32 de Caguas
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