Autonomía policial

Por: Nitza Morán Trinidad

La seguridad es una de las mayores preocupaciones de cualquier sociedad. En Puerto Rico, cada cierto tiempo el tema vuelve a cobrar fuerza: ya sea por aumentos en la incidencia criminal, por crímenes violentos que conmocionan a la ciudadanía o por estadísticas que reflejan picos preocupantes.

Para atender estas situaciones, en 2017 se creó el Departamento de Seguridad Pública (DSP) bajo la Ley 20, con la intención de unificar varias agencias relacionadas con la seguridad y mejorar la coordinación, eficiencia y capacidad de respuesta. El objetivo era claro: consolidar recursos y estrategias entre los 10 negociados del componente de seguridad. Sin embargo, desde su creación, el DSP ha sido objeto de críticas constantes, cuestionamientos sobre su efectividad y señalamientos de que, en lugar de eliminar la burocracia, la centralizó aún más.

Las agencias que lo componen enfrentan problemas históricos: infraestructura deteriorada en cuarteles y estaciones de bomberos, procesos lentos para compras esenciales, limitaciones presupuestarias y obstáculos impuestos por la Junta de Supervisión Fiscal. Estas deficiencias afectan la operación diaria y, en última instancia, la capacidad de proteger al pueblo.

Ya bajo la gobernación de Wanda Vázquez, el Instituto de Ciencias Forenses recuperó su autonomía, con su propia junta de gobierno, presupuesto y administración. Su directora argumentó entonces que los atrasos en análisis forenses y el manejo de evidencia en casos de alto perfil hacían inviable continuar bajo la sombrilla del DSP.

Más recientemente, la gobernadora Jenniffer González anunció la salida del Negociado de la Policía de Puerto Rico del DSP, señalando la burocracia excesiva que retrasaba decisiones operacionales críticas: la compra de patrullas, armas, uniformes y equipo esencial para los agentes. Argumentó que estas demoras representaban riesgos directos para la seguridad pública.

Quienes defienden al DSP, por otra parte, sostienen que en momentos de crisis o desastres naturales, la coordinación interagencial que facilita el departamento ha sido clave para salvar vidas y garantizar respuestas rápidas.

Sin embargo, más allá del debate administrativo, la realidad es que la Policía enfrenta retos mucho más profundos: falta de personal, bajos salarios, condiciones de retiro injustas y décadas de rezago en recursos y adiestramientos. Los problemas estructurales no se resuelven con decretar autonomías o reorganizaciones: requieren voluntad política, soluciones financieras sostenibles y un compromiso real con la seguridad del pueblo.

La discusión sobre la autonomía policial apenas comienza, pero no debe perder de vista lo esencial: que las decisiones no se midan solo en organigramas, sino en resultados concretos que devuelvan a los ciudadanos la confianza en la seguridad pública.

La autora es senadora por San Juan, Aguas Buenas y Guaynabo