Bochornoso proceso de nombramiento

Por: José “Conny” Varela

El proceso de nombramiento de la designada secretaria del Departamento de Estado, Verónica Ferraiuoli y el de confirmación que le siguió en la Cámara de Representantes, sirve de justificante claro para insistir en que es necesario enmendar la Constitución de Puerto Rico para instituir en nuestro sistema la elección de un vicegobernador.

La Cámara de Representantes confirmó a una nominada al cargo de sucesión directa a la gobernación sin indagar lo suficiente sobre aspectos de tanta importancia como lo son su respeto por las leyes contributivas, su ética de servicio público y su nivel de compromiso por garantizar la protección al pueblo sobre los intereses de una facción política.

Pocos en Puerto Rico quedaron satisfechos con la designación hecha por la gobernadora luego de ver y escuchar a su nominada enfrentar el manejo de la crisis del apagón nacional de Miércoles Santo.

La situación se agravó ante el forzoso sometimiento de la nominada a la evaluación del Senado. Allí se hizo evidente que la forma expedita en que la Cámara de Representantes atendió el nombramiento de Ferraiuoli sólo sirvió para ayudar a la nominada en una vista pública amañada y acomodaticia.

Se juntaron en este bochornoso capítulo de la administración pública puertorriqueña la insistencia de una gobernante en sostener su error, la nula capacidad de autoevaluación de una nominada, y la renuncia de gran parte de los componentes del Poder Legislativo a ejercer los deberes y facultades de sus cargos que en esencia atienden a la diligente representación de los mejores intereses del Pueblo.

La elección de la persona que sustituiría a la Gobernadora electa en su cargo, en caso de surgir la vacante, no debe seguir recayendo en manos de las cámaras legislativas. La presión que el liderato del gobernante ejerce sobre sus legisladores es tanta que es suficiente para anular la capacidad de pensamiento crítico e independencia de criterio que es exigible a un poder legislativo.

Luego de tanta crítica pública, el golpe contundente del periodismo investigativo terminó por encarrilar el desistimiento de la nominada. Esa determinación pone punto final a la evaluación senatorial. Sin embargo, en vista de que seguiremos enfrentando más procesos de nombramientos, es menester recordar que el respeto debido a las leyes y la adherencia a la ética han sido valores sagrados de la administración pública puertorriqueña. Queda por verse si dicho principio sigue vigente al culminarse los procesos legislativos de evaluación de los nombramientos que quedan pendientes.

El autor es legislador por Caguas en la Cámara de Representantes de Puerto Rico.