Expansión de escuelas chárter y el desalojo de las públicas

Por: Nitza Morán Trinidad

Hemos entrado en la época del año en la que municipios, agencias gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro organizan los esperados eventos de “Regreso a la Escuela”. Actividades que, con el tiempo, se han transformado, ya no solo se entregan mochilas y materiales escolares, sino que también se ofrecen servicios como barbería, manicura, trenzas, y orientación sobre nutrición y programas comunitarios.

No obstante, la realidad escolar en Puerto Rico enfrenta retos mucho más complejos, que trascienden un día de celebración y se insertan en un debate profundo sobre el presente y futuro del sistema educativo. Desde la aprobación de la Ley 85 en 2018, surgió en la isla una nueva modalidad educativa las llamadas escuelas chárter o escuelas alianza. Estas instituciones son financiadas con fondos públicos pero administradas por entidades privadas, usualmente organizaciones sin fines de lucro. Desde su implantación, han generado intensos debates.

La diferencia fundamental, más allá del nombre, recae en quién administra los recursos, cómo se supervisa el funcionamiento, y cómo se lleva a cabo el proceso de admisión. Mientras que la matrícula en las escuelas públicas tradicionales es obligatoria para el Estado, las escuelas alianza, aunque no pueden discriminar, pueden establecer procesos de admisión que incluyen listas de espera y requisitos adicionales. Además, la supervisión de las escuelas públicas recae directamente sobre el Departamento de Educación, mientras que las escuelas alianza responden a una Junta de Alianzas, con un esquema de fiscalización más limitado. Esto ha generado inquietudes sobre la uniformidad en la rendición de cuentas y el cumplimiento de estándares educativos. ¿Está Puerto Rico enfrentando una crisis silenciosa en la educación pública?

Cada año escolar hay menos estudiantes matriculados en el sistema tradicional. Entre las razones están la migración, los cambios demográficos y las decisiones de familias que optan por alternativas fuera del sistema público. En este 2025, de las 21 escuelas alianza existentes, 5 son de nueva creación. Esto refleja una realidad evidente, muchas familias están eligiendo esta modalidad como su opción principal. ¿Es eso señal de éxito? ¿Y si lo es, de quién es la responsabilidad?

Es momento de rediseñar currículos, redistribuir grados, crear programas educativos especiales y adoptar nuevas estrategias pedagógicas. Para quienes temen el desplazamiento de la escuela pública, es necesario recordar que la propia ley limita la creación de escuelas alianza a un máximo de 10% del total, y que no se desvían fondos del sistema público hacia estas escuelas, como algunos sugieren. La educación es la base de todo. Un país educado es un país con más estabilidad, mayor equidad y capacidad de resiliencia. La discusión no debe centrarse en defender sistemas, sino en garantizar resultados. Porque al final, la prioridad no debe ser la estructura, sino el estudiante.

La autora es senadora por San Juan, Aguas Buenas y Guaynabo