Indispensable la propuesta energética PIP

Por: Prof. Luis Dómenech Sepúlveda

De partida, le damos la bienvenida a la Propuesta Energética de la delegación de Cámara y Senado del Partido Independentista Puertorriqueño presentada en conferencia de prensa por Juan Dalmau, secretario general del PIP, el pasado miércoles, 20 de agosto de 2025. Como es sabido, la insistencia compulsiva del bipartidismo colonial de privatizar nuestro patrimonio nacional, (energía eléctrica, acueductos, autopistas, salud, educación), servicios esenciales reconocidos por las mentes más progresistas como un derecho humano, ha resultado económica y existencialmente desastroso para los puertorriqueños. Como hemos señalado en tantas otras instancias, el fin primordial de toda privatización no solamente es el lucro sin controles y al menor costo posible, sino que ha demostrado más insensibilidad humana e impericia administrativa que el propio gobierno. Además, como dijera el fenecido legislador, David Noriega: “Detrás de todo trámite de privatización existe un morboso esquema de corrupción”.

De modo que, favorecemos sin reservas la propuesta energética del PIP dado que la misma reconoce la energía eléctrica como un servicio esencial que debe ser administrado por el propio gobierno. Como dijera el propio Juan Dalmau: “Más allá de líneas partidistas, existe un amplio consenso entre los puertorriqueños de que el modelo actual de electrificación no funciona al tratarse de un sistema inestable y más costoso que antes. Como tal, resulta inaceptable particularmente para los que consideramos que el acceso a la energía eléctrica debe tratarse como un derecho humano”. Así las cosas, Juan Dalmau y los cinco legisladores del PIP subrayaron que la medida procura tener una “zapata’ que permita revertir la privatización del sistema.

A todo ello, la propuesta del PIP propone democratizar la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) mediante una Junta de Gobierno de siete miembros especializados en el tema de electrificación pública. Tres de los siete miembros de la Junta deberán representar a los consumidores industriales, comerciantes y residenciales. Los restantes cuatro miembros de la Junta serán nombrados por el gobierno de turno con la salvedad de que, tres de ellos deben provenir de una lista sometida por académicos, ambientalistas, economistas y organizaciones sin fines de lucro. Pero, ante todo, los siete miembros deberán ser designados mediante el principio de mérito para garantizar la transparencia y la pericia administrativa.

Desde luego, la transformación de la AEE requiere enmendar y modificar la Ley Orgánica de la entidad, (leyes 57-2014 y 17-2019) las cuales contienen la política pública energética. De igual modo, habría que derogar la Ley 120-2018 que ordenó la privatización.

Y, desde luego, aunque la propuesta del PIP no ordena la cancelación inmediata de los contratos de LUMA Energy y Genera PR, la misma sienta las bases para devolver la administración del sistema eléctrico a manos públicas. En síntesis, el objetivo fundamental de la propuesta del PIP es reformar y modernizar la AEE a través de energía renovable. Ello, mediante profesionalización, supervisión y fiscalización de los servicios y el rescate de los empleados experimentados asignados a otras funciones gubernamentales.

Todo ello, con miras a despolitizar la energía eléctrica.