La criminalidad como síntoma de un gobierno ausente

Por: José “Conny” Varela

Puerto Rico vive una de sus etapas más sombrías en materia de seguridad pública. A pesar de las promesas de campaña y los discursos de ocasión, la administración de la gobernadora Jenniffer González ha demostrado una alarmante incapacidad para enfrentar los altos índices de criminalidad que azotan al país. Diez años atrás, la situación era grave; hoy, es desesperante.

La violencia se ha normalizado. Los tiroteos en plena luz del día, los asesinatos por ajustes de cuentas, los feminicidios y los robos a mano armada son parte del paisaje cotidiano. Pero, lo más preocupante no es solo la frecuencia de estos crímenes, sino la respuesta —o la falta de ella— por parte del gobierno. No existe un plan coherente, integral ni efectivo para atacar las raíces del problema. Las medidas son reactivas, fragmentadas y, en muchos casos, propagandísticas.

La tragedia del asesinato de la joven Gabriela Nicole Pratts es un recordatorio doloroso de lo que está en juego. No se trata de estadísticas, sino de vidas truncadas, familias devastadas y comunidades que viven con miedo. Este caso, como tantos otros, revela la fragilidad de nuestras instituciones públicas de enseñanza, de protección de la familia, y de aplicación de la justicia. Ninguna de ellas nos inspira confianza.

Una de las consecuencias más peligrosa de esta negligencia gubernamental es el surgimiento de una mentalidad de justicia por mano propia. Cada vez más ciudadanos, desesperados ante la inacción del Estado, optan por tomar decisiones al margen de la ley. La anarquía no surge de la nada: es el reflejo de un pueblo que ha perdido la fe en su gobierno.

La gobernadora González ha fallado en lo esencial: proteger a su gente. Su administración parece más preocupada por la imagen que por la sustancia, más enfocada en controlar la narrativa que en enfrentar la realidad. Puerto Rico no necesita más conferencias de prensa ni promesas vacías de una gobernante que “se colgó” a siete meses de haber jurado al cargo.

La seguridad no es un lujo, es un derecho. Y cuando el gobierno no lo garantiza, la democracia se tambalea porque no hay representatividad real de sus aspiraciones. Hoy, más que nunca, Puerto Rico exige planificación inteligente y ejecución efectiva de medidas de buen gobierno. La criminalidad nos arropa y el pueblo ya no aguanta más propaganda de faranduleo político.

El autor es representante por Caguas en la Cámara de Representantes