La Junta: a confiscar máquinas

Por: Nitza Morán Trinidad

No cabe duda de que la Ley PROMESA, creada para estabilizar las finanzas de Puerto Rico, le otorga a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) la autoridad de revisar, aprobar o rechazar cualquier medida gubernamental que pueda alterar los ingresos o gastos del Estado. En otras palabras, toda acción de impacto fiscal directa o indirecta requiere su visto bueno. Ese control convierte a la Junta en un ente que no solo fiscaliza, sino que también condiciona la gobernanza de la isla, limitando la autonomía del gobierno electo. Hoy, ese poder se manifiesta nuevamente en un campo que muchos entienden debería ser manejado localmente: los juegos de azar y la confiscación de máquinas ilegales.

La JSF aprobó recientemente el Reglamento Núm. 9241, que establece el proceso de confiscación de las llamadas tragamonedas clandestinas bajo la Ley 11, conocida como Ley de Juegos de Azar de Puerto Rico. Este reglamento autoriza la confiscación sin orden judicial, obliga a un inventario formal de los equipos incautados, requiere notificación oficial al director ejecutivo de la Junta, da la oportunidad a los dueños de impugnar la confiscación y dispone que las multas generadas se destinen a un fondo especial, asignando el 55% de los ingresos al Fideicomiso del Retiro de los Policías creado en la Ley 40-2020.

Tener un reglamento era necesario. Pero en Puerto Rico el problema nunca ha sido solo legislar, sino ejecutar. Si no se implementa con eficacia, esto será otra letra muerta. Es importante destacar que tanto la Legislatura como el Ejecutivo han trabajado el tema del retiro de la Uniformada, conscientes de que la seguridad pública es una prioridad nacional. Sin embargo, la realidad es que la policía enfrenta serias dificultades de reclutamiento, salarios aún insuficientes y condiciones laborales que aceleran el desgaste emocional y profesional.

Este nuevo reglamento podría representar el inicio de un alivio para el sistema de retiro, siempre y cuando haya voluntad, supervisión y resultados medibles. Pero si fracasa, el efecto sería devastador: una Policía aún más desmoralizada y el riesgo de enfrentar fenómenos como los llamados “blue flu”, o peor aún, una crisis de seguridad donde el ciudadano quede expuesto a un Puerto Rico sin ley ni orden.

Lo aprobado es apenas un comienzo. La verdadera prueba será su ejecución. Porque cuando se trata del retiro de quienes nos protegen, no hay espacio para otro fracaso.

La autora es senadora por San Juan, Aguas Buenas y Guaynabo