Por: Prof. Luis Dómenech Sepúlveda
He escuchado a varios expertos decir literalmente que la naturaleza tiene sus propias leyes y como tal, goza de la capacidad para rescatar todo lo que le ha sido impropia e injustamente arrebatado por la raza humana. Como se sabe, Puerto Rico forma parte de la cuenca del Caribe lo que nos hace vulnerables ante la furia de los implacables y devastadores huracanes tropicales que, año tras año, amenazan nuestra seguridad, propiedad y estabilidad emocional. Creo francamente innecesario hacer un recuento de las penurias, desolación y disloques emocionales que ello representa para el pueblo de Puerto Rico, pero aparte de las pérdidas materiales, vida y sufrimiento colectivo, considero la emigración masiva el efecto más demoledor dado que se trata mayormente de nuestra juventud y los sectores más productivos. Irónicamente, sin embargo, la parte más positiva de todo ello ha sido el gran despliegue de unidad, desprendimiento y solidaridad de la abrumadora mayoría de los puertorriqueños a la hora de auxiliar a los más necesitados sin importar esfuerzos, recursos y riesgos personales.
Sin embargo, de lo que sí estamos seguros es de la soberbia, ineptitud e irresponsabilidad ministerial de los gobiernos corruptos y coloniales de nuestros tiempos, incluyendo a las autoridades estadounidenses, para la planificación, preservación y protección de un Puerto Rico a prueba de catástrofes naturales. Todos y cada uno de nuestros gobernantes han convertido a Puerto Rico, no en un país autosuficiente y productivo, sino en un negocio lucrativo para el capitalismo estadounidense donde el factor humano es meramente un recurso de consumo pernicioso. Hemos convertido los huracanes en la principal inyección de nuestro desarrollo económico para repartir, entre los amigos de la casa, los millones de dólares que envían los federales para la supuesta reconstrucción del país.
Y no lo digo yo, sino la experiencia vivida por los puertorriqueños desde María a esta parte. Tanto el gobierno inmovilista como el anexionista han aprovechado la crisis provocada por María, los terremotos del sur y la pandemia del Covid-19 no solo para privatizar todo cuanto les ha sido posible, incluyendo la Autoridad de Energía Eléctrica, sino para repartir los billones de FEMA entre sus amigos del alma. No conforme con ello, los propios federales han patrocinado el desplazamiento de los trabajadores puertorriqueños en aras de contratar sus propias brigadas estadounidenses a los fines de que sus jugosos salarios y beneficios marginales engrosen las arcas de sus propias empresas (bancos, megatiendas, hoteles, restaurantes, aviación) y que tal riqueza regrese, a su vez, al tesoro estadounidense.
A nadie debe sorprender que, tras la reciente devastación del huracán Fiona, ya estén salivando e inscribiéndose en el Departamento de Estado, las nuevas empresas que tendrán a su cargo la reconstrucción del suroeste del país. Esas son las mismas empresas cuyos puentes no resisten una crecida de rio, sus techos se vayan volando, sus complejos de vivienda desocupados por defectos arquitectónicas y las carreteras inservibles por pavimentación defectuosa.
¡La privatización llegó para tragarse el País!