Puerto Rico en la encrucijada energética

Por: José “Conny” Varela

La crisis desatada por la empresa suplidora de gas natural para la generación de energía eléctrica en Puerto Rico ha puesto en jaque, una vez más, la frágil estabilidad del sistema energético. Esta situación ha dejado al descubierto las profundas deficiencias en el liderazgo político de la gobernadora Jenniffer González, quien ha evidenciado una alarmante falta de carácter ante uno de los retos más apremiantes de nuestra época.

Desde el inicio de la emergencia, la respuesta de la mandataria se ha caracterizado por la pasividad, aunque vocalmente quiera aparentar lo contrario, en lugar de asumir una postura firme en defensa del bienestar colectivo. Mientras miles de familias enfrentaban apagones prolongados y el sector productivo veía amenazada su operatividad, la gobernadora optó por justificaciones vagas y declaraciones evasivas, rehuyendo la responsabilidad de buscar soluciones de fondo. Tal actitud no solo demuestra la ausencia de liderazgo en momentos de crisis, sino que también refleja una falta de carácter para tomar decisiones valientes, aunque ello implique desafiar a los sectores más poderosos.

Por si fuera poco, en vez de aprovechar la coyuntura para promover la diversificación de nuestras fuentes de energía, la gobernadora persistió en su apoyo exclusivo al gas natural, perpetuando la dependencia y la vulnerabilidad del sistema. La evidencia a nivel global es clara: la resiliencia y sostenibilidad energética solo pueden lograrse mediante una matriz diversificada, robusta y flexible, donde las fuentes renovables ocupen un lugar central. Puerto Rico, por su ubicación privilegiada y su clima, tiene un potencial extraordinario para el desarrollo de la energía solar, que permitiría reducir los costos, crear empleos y fortalecer la autonomía energética. Sin embargo, la falta de voluntad política y la preferencia por los intereses del sector fósil han frenado cualquier avance significativo.

Aún más preocupante resulta la alineación de la gobernadora con la política del presidente Trump, quien se ha distinguido por su sistemática oposición a la financiación de proyectos de energía eléctrica provenientes de fuentes renovables. En vez de defender el derecho de Puerto Rico a acceder a los fondos federales necesarios para su transición energética, la mandataria consintió, de manera pasiva, en la exclusión de la isla de programas de incentivo y desarrollo de energías limpias. Esta actitud no solo traiciona las aspiraciones de una ciudadanía que reclama sostenibilidad y justicia ambiental, sino que además hipoteca el futuro de generaciones enteras.

El momento exige liderazgo con visión y firmeza. Es imprescindible reconocer que la diversificación de fuentes y la transición hacia la energía solar no son solo una alternativa conveniente, sino una necesidad inaplazable para garantizar la seguridad, el desarrollo y la dignidad de Puerto Rico.

El autor es representante por Caguas en la Cámara de Representantes