Puerto Rico merece calles seguras

Por: Nitza Morán Trinidad

Nuestras calles se han convertido en un verdadero campo de batalla. A diario, los conductores enfrentan cráteres, deslizamientos, puentes en condiciones críticas, falta de señalización y alumbrado. Estos factores provocan no solo daños a los vehículos, sino también un riesgo constante para la seguridad de quienes transitan por ellas.

A esta realidad se suma un diseño vial históricamente ineficiente que refleja un incremento en el tráfico y la congestión, paradójicamente, en una isla con pérdida poblacional, según reveló el último censo poblacional. Además, enfrentamos un comportamiento en los conductores cada vez más irresponsable, donde la tolerancia brilla por su ausencia y donde negligentemente al volante utilizan celulares, ingieren alimentos o se arreglan como si estuvieran en un salón de belleza, una especie de “pop ups” móviles que agravan el caos vial.

A esto se le añade, el tener que compartir la vía con ciclistas y recientemente con vehículos a velocidades extremas y grupos que utilizan motoras, four tracks, dirt bikes o Can-Am como si fueran nuestras carreteras áreas rurales en plena ciudad. Los conductores de este tipo de transporte lo usan en su mayoría en modalidad de caravanas, detienen el flujo vehicular se apropiándose ilegalmente de los carriles y representan hoy una amenaza real a la seguridad pública, el orden social y la calidad de vida de quienes dependemos diariamente de calles y avenidas para ir a trabajar, hacer gestiones y hasta para ir a estudiar.

La proliferación de estas “corridas” ilegales han generado terror en las comunidades y frustración ante la aparente inacción de las autoridades. La Policía de Puerto Rico ha señalado limitaciones legales, falta de personal y preocupaciones logísticas para poder intervenir con ellos sin poner en riesgo la vida de los implicados o de terceros. El resultado ha sido un mensaje equivocado: que se puede violar la ley sin consecuencias. A esto se le suman los accidentes, lesiones graves hasta muertes provocadas por quienes buscan “verse cool” y tristemente en ocasiones terminan en tragedia. Es hora de actuar, pero la acción debe ser efectiva entre darle herramientas y poderes a los agentes de ley y orden sin caer en la criminalización absoluta siempre y cuando se cumpla con leyes estatales y federales.

Se podrían tomar en consideración varios modelos ya establecidos para atender el problema en la ciudad de Nueva York, se estableció una política de cero tolerancias, en Filadelfia, estos vehículos son considerados ilegales, Rhode Island los confiscan y destruyen o donan a agencias de seguridad en otros países. Por otro parte hay jurisdicciones como Canadá, Alemania y el Reino Unido que han optado por legalizar su uso bajo estrictas regulaciones creando el registro, hacer mandatorio el uso de equipo de seguridad, obtener seguros y el tener que cumplir las normas existentes. Puerto Rico debe mirar con detenimiento estas normas y establecer un marco legal claro, aplicable y con fiscalización rigurosa y agregar la educación ciudadana como parte de la solución. No se trata de eliminar libertades, sino de asegurar el derecho colectivo a vivir en paz y transitar con seguridad en nuestras calles buscando un Puerto Rico con calles seguras.

La autora es senadora por San Juan, Aguas Buenas y Guaynabo