Puerto Rico necesita una estrategia que incluya a todos

Por: Myrna L. Carrión Parrilla

Puerto Rico atraviesa una encrucijada crítica. En medio de un escenario económico cada vez más incierto, de mercados globales inestables, de una banca que favorece a quienes ya tienen ventajas, y de profundas desigualdades sociales, el país enfrenta un reto de fondo: la falta de una estrategia clara, inclusiva y sostenible por parte del gobierno. Esta carencia no solo erosiona la confianza ciudadana en las instituciones públicas, sino que limita gravemente el potencial de desarrollo de toda la sociedad.

Una estrategia de desarrollo no puede basarse en impulsos aislados, ni en medidas reactivas a corto plazo. Puerto Rico necesita un plan a largo plazo que parta de una visión compartida y que responda a las realidades de todos los sectores del país. No es aceptable que, a estas alturas, el gobierno aún no logre trazar un rumbo que integre los diversos esfuerzos que ya se están haciendo desde el sector privado, desde las organizaciones comunitarias y desde individuos comprometidos con el bien común. En muchos casos, son estas entidades no gubernamentales las que asumen tareas esenciales que deberían recaer en el aparato público, desde servicios sociales hasta programas educativos, de salud, desarrollo económico y protección ambiental.

Muchas de estas iniciativas atienden los mismos problemas que el gobierno no ha podido resolver durante años, y lo hacen con menos recursos, con mayor eficiencia y con sensibilidad real hacia las comunidades.

No podemos aspirar a un país justo si el gobierno sigue siendo incapaz de responder con equidad a las necesidades más urgentes. En tiempos donde la banca tradicional reserva sus mejores oportunidades para quienes ya tienen patrimonio acumulado, donde las pequeñas y medianas empresas enfrentan barreras casi insalvables para crecer, y donde el emprendimiento requiere más respaldo que discursos, el gobierno tiene la responsabilidad indelegable de actuar con decisión a favor de los que aportan, crean empleo y generan esperanza.

Un gobierno que no apoya al que emprende, al que se atreve, al que innova desde abajo, está renunciando a su deber más básico: promover el bienestar general. Puerto Rico necesita una política pública que reconozca que el desarrollo económico y social no puede seguir dependiendo de inversiones extranjeras que no dejan raíces, ni de estructuras burocráticas que asfixian en lugar de facilitar. Es hora de adoptar una visión de país que valore el capital humano local, la inteligencia colectiva de nuestras comunidades, y la capacidad emprendedora de nuestra gente.

El reto que enfrenta Puerto Rico es a su vez una oportunidad. La oportunidad de rediseñar el rol del gobierno, no como un ente paternalista o controlador, sino como un facilitador de alianzas, un garante del acceso justo a las oportunidades, y un socio estratégico del desarrollo que se está dando, muchas veces a pesar de la inercia oficial.

Solo mediante una estrategia articulada, participativa y orientada al largo plazo podremos garantizar que el futuro de Puerto Rico no quede en manos de la improvisación. Es urgente que el gobierno escuche, que valore, y que colabore con los sectores que ya están construyendo el país que merecemos. Porque un gobierno que no apuesta por su gente, que no impulsa a quien trabaja y produce, está fallando en su responsabilidad más sagrada: servir al pueblo.