Siete, Seis, Cinco, Cuatro, Tres, Dos ≠ Uno

Por: Nitza Morán Trinidad

La creación de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) bajo la Ley Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act (PROMESA), firmada en 2016 por el expresidente Barack Obama, fue presentada como una alternativa para evitar la quiebra total del gobierno de Puerto Rico. Obama, un demócrata pragmático, reconoció entonces que la ley no resolvería de lleno el problema financiero de la isla, pero sí protegía al resto de la nación de tener que asumir directamente la deuda. En la práctica, PROMESA se convirtió en un marco legal para reestructurar y estabilizar las finanzas públicas tras décadas de gobiernos que maquillaban presupuestos, fomentaban déficits y agrandaban un endeudamiento sin precedentes.

Han pasado casi ocho años y aún no se han cumplido las condiciones más básicas de la ley: presentar y ejecutar presupuestos realmente balanceados, no solo en proyecciones, sino al cierre de cada año fiscal. No obstante, ha habido logros parciales: se redujo hasta en un 80% la deuda pública, con ahorros proyectados de 50 mil millones de dólares en pagos al principal; se reestructuró la deuda de COFINA y se atendieron obligaciones generales del gobierno y varias autoridades.

El gran escollo, sin embargo, sigue siendo la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), que asciende a 8,500 millones de dólares. Aunque hay propuestas para reducirla a 2,500 millones, el proceso está trabado en litigios. Municipios, acreedores, bonistas, jubilados y consumidores rechazan acuerdos que los obligan a absorber pérdidas millonarias sin garantías de futuro.

Más allá de lo fiscal, la JSF ha evolucionado en un ente que impone no solo controles financieros, sino también decisiones de política pública, muchas veces en contraposición con el gobierno electo y con efectos directos en la vida de la ciudadanía.

En días recientes, el presidente estadounidense, republicano, tomó acción tras revelarse que los gastos operacionales y contrataciones de la JSF no se alineaban con la austeridad que predican. Se ordenaron despidos entre sus miembros, lo que abre espacio a nuevos nombramientos. Aunque esto podría significar un giro en estrategia económica, también existe el riesgo de que los nuevos integrantes respondan a intereses de quienes apostaron a los bonos de la AEE.

El resultado inmediato es incertidumbre. Hoy, ni siquiera hay quórum suficiente para que la Junta tome decisiones efectivas. El “sobreviviente” Robert Mujica, actual director ejecutivo, parece estar en la cuerda floja, como el resto de los miembros salientes.

Así, el conteo regresivo —siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos…— no llega nunca a uno. Estamos en espera de nuevos nombramientos, atrapados en un ciclo que parece interminable. Y lo cierto es que, aunque vuelvan a ser ocho, estos funcionarios seguirán sumando y restando cifras, pero sin atender las necesidades inmediatas del pueblo: justicia salarial, seguridad en los retiros, servicios básicos y bienestar social.

Mientras tanto, Puerto Rico sigue entre la austeridad impuesta y las esperanzas postergadas.

La autora es senadora por San Juan, Aguas Buenas y Guaynabo