Sospechosas, las destituciones en la Junta

Por: José “Conny” Varela

La Junta de Supervisión Fiscal no es santa de la devoción de la inmensa mayoría de los puertorriqueños. Tampoco lo es de la mía. Sin embargo, las reglas para su salida de Puerto Rico están fijadas y, de momento, lo deseable es que se cumplan los requerimientos esbozados en PROMESA con el menor impacto negativo para nuestra gente. Sin embargo, la semana pasada el presidente Donald Trump destituyó abruptamente a cinco de sus integrantes, una movida que reconfigura el tablero en medio de las negociaciones más delicadas sobre la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Lo que algunos quisieran presentar como una decisión administrativa, para Puerto Rico es una señal inequívoca de intervención a favor de los bonistas.

La Junta se había pronunciado públicamente a favor de una negociación con términos más razonables, pensando en el impacto social y económico que pagar la deuda en su totalidad tendría sobre las familias puertorriqueñas. Era una Junta que, en lo relacionado a la deuda de la Autoridad, pedía sensatez, justicia tarifaria y protección para los consumidores. Al remover a los integrantes de la Junta, la Casa Blanca deja claro que sus lealtades están con los acreedores, no con los abonados.

En ese contexto, la actitud de la gobernadora Jenniffer González raya en la complicidad. Inmediatamente se ocupó de afirmar que su administración está en comunicación constante con la administración Trump sobre el tema de la Junta. Su falta de crítica y su silencio ante un acto de desestabilización institucional solo refuerza la narrativa de sumisión ante los dictados presidenciales. Mientras expertos y líderes comunitarios alertan sobre los riesgos de una reestructuración injusta, la mandataria guarda distancia, como si el destino energético del país no fuera asunto suyo.

Esta pasividad no es nueva. González ha demostrado una disposición constante a respaldar las posiciones de Trump, incluso cuando estas perjudican los intereses fundamentales de Puerto Rico. El problema no es solo de estilo, sino de sustancia: su omisión valida decisiones que comprometen el acceso justo a energía, al desarrollo económico y a la gobernanza democrática.

En un momento en que se necesita firmeza, expresiones críticas y defensa del bienestar colectivo, el liderazgo de la administración de Jenniffer González es nulo. La Junta reconfigurada podría inclinar la balanza hacia un acuerdo abusivo contra el pueblo de Puerto Rico, que beneficie a los bonistas y cargue sobre los ciudadanos el peso de décadas de malas decisiones y abandono institucional.

Puerto Rico merece un mejor panorama. Merece funcionarios que defiendan la dignidad del país ante los intereses explotadores del capital foráneo. Merece procesos de negociación transparentes, basados en equidad y sostenibilidad. Y merece, como he dicho, representantes que levanten la voz cuando la justicia está en juego.

El autor es representante por Caguas en la Cámara de Representantes