Un cierre político con costos reales

Por: Nitza Morán Trinidad

El cierre del gobierno federal, que ya supera las tres semanas, se ha convertido en uno de los más largos en la historia moderna de Estados Unidos. Tradicionalmente, estas paralizaciones ocurren por disputas político-partidistas o de asuntos presupuestarios. Sin embargo, el cierre actual parece tener una dimensión más compleja: no solo busca un acuerdo fiscal, sino también reexaminar el tamaño, el rol y la necesidad de las agencias federales.

Desde el comienzo de su mandato, el presidente Donald Trump se ha destacado por medidas extremas bajo órdenes ejecutivas: la salida del Acuerdo de París, argumentando que se traducía en cargas económicas injustas, restricciones a los derechos de las personas transgénero y el llamado “Proyecto 2025”. Esta propuesta reformista pretende reestructurar agencias federales y estatales, reducir o eliminar dependencias enteras, y centralizar todo el poder en la presidencia. Entre sus medidas más polémicas está la propuesta de eliminar el Departamento de Educación, lo que afectaría programas como Head Start y Título I que vitales para estudiantes de bajos recursos, además de frenar programas de condonación de préstamos estudiantiles.

Este cierre no se da por improvisación más bien es una estrategia alineada con la plataforma ideológica del Partido Republicano y ya sabemos que está teniendo costos reales e inmediatos. Más de 800,000 empleados federales están en sus hogares sin paga o trabajando sin compensación. Aunque la ley asegura que recibirán su salario retroactivamente, eso no mitiga la angustia de quienes viven de cheque a cheque. El impacto emocional es fuerte, crece el temor a despidos permanentes y cancelaciones de contratos federales que sin duda ponen a los empleados en una situación tensa y preocupante.

La crisis afecta también servicios esenciales como los programas de asistencia nutricional, centros de cuido infantil y servicios de salud pública que ya han anunciado ciertos recortes presupuestarios, afectando directamente a las comunidades más vulnerables. Y como si fuera poco el golpe no se queda ahí: cada cierre gubernamental le cuesta al PIB estadounidense sobre 15 mil millones de dólares. Con empleados sin cobrar, el consumo se detiene, el comercio local se afecta resiente y los mercados reaccionan con cautela ya que provoca la desconfianza en los inversionistas.

Cuando este cierre finalmente termine, porque así será; el verdadero reto será cuán rápido el gobierno podrá estabilizarse en ese momento de fragilidad fiscal nacional. Pero lo urgente, más allá del discurso ideológico, es la atención inmediata a los empleados y familias que ya sufren las consecuencias. Porque cada cierre político provoca algo más que retrasos administrativos: erosiona la seguridad económica y emocional de todo un país, y con ello, su futuro.

La autora es senadora por San Juan, Aguas Buenas y Guaynabo