
Por: Nitza Morán Trinidad
Más que una simple audiencia, la Comisión Total celebrada en el Senado de Puerto Rico se convirtió en un foro vital para escuchar, cuestionar y, sobre todo, comprender el rumbo que tomará el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) bajo el liderazgo de Waldemar Quiles. Este presentó una serie de compromisos que, de implementarse adecuadamente, podrían tener un impacto significativo en la preservación de nuestros ecosistemas. Entre ellos, el control del turismo no autorizado, la pesca ilegal, la prevención de cargas contaminantes a nuestros cuerpos de agua, así como la protección de los humedales y la Bahía Bioluminiscente. Estos problemas son el reflejo de una gestión deficiente durante décadas.
Sin embargo, uno de los aspectos más polémicos de la sesión fue la discusión sobre la Orden Administrativa Núm. 2025-01, que establece un cobro relacionado con la regulación de actividades en las zonas costeras. Según Quiles, la orden se deriva de una de las cinco querellas que el DRNA tiene pendientes, aunque aclaró que el problema en cuestión es principalmente administrativo y se ha arrastrado por décadas. Es por ello que se dio una concesión de cinco años para ordenar la situación. Si bien la controversia es válida, el secretario reconoció que los impactos ambientales de estas actividades no son nuevos y que, en este momento, se trata de poner orden en los espacios ya establecidos, como las casetas.
Pero quizás lo más revelador de la Comisión Total fue la mención de la falta de comunicación entre el gobierno de turno y el DRNA. El nominado secretario señaló que no hubo diálogo con la administración actual sobre el caso ni sobre el archivo de la orden administrativa. A pesar de ello, se acordó subsanar el Inciso F de la orden administrativa, que establece que los casos relacionados con los asuntos tratados en la orden se archiven por considerarse “académicos”. Según lo discutido, se comprometieron a modificar este inciso para que las investigaciones realizadas por los Oficiales Examinadores sean más descriptivas y claras.
Desde mi punto de vista, esta es precisamente la expectativa del pueblo de Puerto Rico: que se actúe con la firmeza y rapidez necesarias cuando surjan irregularidades. El DRNA de tiene la obligación de garantizar que las leyes se cumplan, y es fundamental que los ciudadanos puedan confiar en que las investigaciones y las decisiones administrativas se basen en la transparencia y la legalidad.
A pesar de las críticas y controversias, la Comisión Total fue un espacio valioso para abordar estos temas con la seriedad que merecen. La falta de acción en la protección del medioambiente no es una opción. Todos deseamos un Puerto Rico más verde, más limpio y seguro. Por ello, es esencial que las acciones del DRNA, bajo el liderazgo de Waldemar Quiles, estén alineadas con estos objetivos. Esta Comisión Total ha sido un paso importante para avanzar hacia un Puerto Rico más sostenible, pero no podemos permitirnos dar pasos en falso. Ahora más que nunca, la acción debe ir acompañada de resultados.
La autora es senadora por San Juan, Aguas Buenas y Guaynabo
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