Utilización o militarización

Por: Nitza Morán Trinidad

Por décadas, el tema de las bases militares en Puerto Rico ha generado rechazo tanto en el gobierno central como en los municipios. Actualmente, se mantienen activas dos instalaciones principales: Fort Buchanan, base del Ejército de los Estados Unidos que alberga unidades de la reserva y funciona como centro logístico; y la Base Aérea Muñiz en Carolina, sede de la Guardia Nacional Aérea, que opera como punto de reunión y distribución de operaciones del Comando Sur de EE. UU. (USSOUTHCOM). Esta última permite rotaciones de unidades de transporte aéreo sin necesidad de establecer una base permanente.

Otras instalaciones se usan hoy para adiestramientos o como centros de reserva federal. Sin embargo, las bases Ramey en Aguadilla y Roosevelt Roads en Ceiba, cerradas en 1973 y 2004 respectivamente, han vuelto a estar en la discusión pública ante especulaciones sobre una posible reapertura.

En el caso de Roosevelt Roads, tras su cierre el terreno fue segregado: un 30% pasó al Local Redevelopment Authority (LRA) del Gobierno de Puerto Rico para manejar y reutilizar unas 8,600 cuerdas; otra parte quedó en manos del Departamento de Defensa (DoD) por la presencia de municiones sin detonar y servidumbres de comunicaciones; y un 40% fue transferido al U.S. Fish and Wildlife Service para la conservación de humedales. En Ramey, por su parte, el gobierno federal retuvo áreas para usos militares y federales, incluyendo Aduana, Guardia Costera y otras agencias de seguridad.

Esto plantea una pregunta inevitable: ¿realmente hubo una salida total de las fuerzas militares? La evidencia sugiere que no. Estados Unidos se reservó prerrogativas en Roosevelt Roads aun después de su cierre, manteniendo jurisdicción y facultades de reactivación bajo el Artículo IV, Sección 3 de la Constitución federal, que otorga al Congreso poderes sobre asuntos militares y territoriales, especialmente cuando se trata de seguridad nacional.

De activarse ese poder, iniciarían negociaciones con el gobierno local, que podrían incluir desde indemnizaciones hasta compensaciones económicas por el uso de las tierras. Pero, al mismo tiempo, Puerto Rico reviviría la pesadilla de las prácticas militares, como ya se percibe en Ceiba.

Lo cierto es que, pese a la oposición histórica a la militarización, el Comandante en Jefe de Estados Unidos mantiene la jurisdicción suprema sobre estos terrenos cuando se trata de defensa nacional. La letra pequeña de los acuerdos pasados cobra vigencia hoy ante los movimientos militares recientes de la administración Trump y la posibilidad de que Puerto Rico recobre relevancia estratégica por su ubicación geográfica en el Caribe.

Mientras tanto, lo propuesto para el uso civil de estas bases permanece inconcluso. En Roosevelt Roads, más allá del muelle usado para lanchas a Vieques y Culebra y algunas oficinas gubernamentales, gran parte de las instalaciones se encuentran en abandono y deterioro. Los planes de desarrollo económico y turístico siguen siendo promesas no concretadas.

La gran incógnita es si veremos primero una militarización renovada antes de la tan esperada transformación económica. Irónicamente, podría ser el regreso militar el que, de una forma indirecta, dé inicio al desarrollo de estos sectores.

La autora es senadora por San Juan, Aguas Buenas y Guaynabo